Las pruebas de la financiación irregular de CDC cercan a Mas

Detenido el ex tesorero de Convergència y otras 17 personas acusadas de blanqueo, cohecho y prevaricación.

La investigación de la supuesta financiación ilegal de Convergència (CDC) a través de la «trama del 3%» llevó ayer a la detención de un total de 18 personas –entre ellas, el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; el ex secretario de Convergència Francesc Sánchez, a quien Artur Mas le encargó la refundación del partido, y el ex concejal de Urbanismo de la ciudad condal Antoni Vives cuando Xavier Trias era el alcalde de Barcelona– y al registro de 24 sedes de instituciones y empresas y domicilios vinculados a esos supuestos amaños de adjudicaciones a cambio de «mordidas» al partido, las cuales estaban camufladas como donaciones a las fundaciones afines a CDC: CatDem y Forum Barcelona. Entre los arrestados también se encuentran dos figuras claves de esta presunta trama corrupta: el ex tesorero de CDC Andreu Viloca y el ex director general de Infraestructures de la Generalitat catalana Josep Antoni Rosell.

La Fiscalía Anticorrupción sitúa a Viloca en el epicentro de la operativa, pues según ha revelado la investigación, «llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos» convocados por administraciones controladas por Convergència, tanto de ayuntamientos como de diputaciones y de la propia Generalitat de Cataluña.

Era el entonces tesorero de CDC, según el Ministerio Público, quien «controlaba de forma sistemática los pagos, que serían, de confirmarse, sobornos bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas».

A la vista del rumbo de la investigación, Anticorrupción valora solicitar al titular del Juzgado número 1 de El Vendrell la adopción de nuevas medidas cautelares contra los principales imputados.

Desde la detención y posterior entrada en prisión de Viloca en octubre del año 2015, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han estado analizando exhaustivamente la documentación intervenida en los domicilios de empresarios que efectuaron donaciones bajo sospecha a CatDem. Esa labor ha aportado «información fundamental», dice la Fiscalía, sobre nuevas contrataciones supuestamente amañadas, recogidas en un informe del pasado 27 de enero que ha sido el detonante de la «Operación Pika» de ayer, que busca esclarecer la posible comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos en la órbita de CDC y con la financiación ilegal del partido como telón de fondo.

Todos esos «amaños» responden al mismo patrón: por un lado, aunque las empresas adjudicatarias cumplían los requisitos formales, las licitaciones estaban ya «otorgadas previamente» en su favor, tal y como subraya la Fiscalía, y se trataba únicamente de dar a las adjudicaciones «una apariencia de regularidad».

Por este motivo, los investigadores insisten en que para advertir el carácter supuestamente fraudulento de esas licitaciones es necesario ponerlas en el contexto de las reuniones previas mantenidas por los empresarios agraciados y con las donaciones que estos efectuaban, fundamentalmente a CatDem, de la que Viloca era tesorero y administrador.

Los ayuntamientos investigados hasta ahora son fundamentalmente los de las localidades de Torredembarra, donde arranca la «operación Turm», y los de Figueres, Sant Celoni, Sant Cugat y Lloret de Mar, gobernados por la extinta CiU.

En el registro del despacho de Viloca en la sede de CDC, efectuado en el verano de 2015, los agentes hallaron anuncios de licitaciones que posteriormente eran adjudicadas a unas empresas con cuyos representantes se reunía previamente y que, a posteriori, realizaban donaciones para CatDem precisamente en fechas próximas al anuncio de la licitación o posteriores a la adjudicación.

De momento, a última hora de ayer, la Guardia Civil trasladó a la comandancia de Tarragona a varios de los 18 detenidos. Entre ellos están, además de Viloca y Rosell, el ex consejero delegado de la empresa Copisa Xavier Tauler, y Josep Manel Bassols, de Oproler Barcelona, quienes pasaron a disposición judicial. La gran mayoría quedó en libertad una vez concluyeron todos los registros.