Ampliación de la denuncia contra Pedro Sánchez en el Supremo por el acuerdo PSOE-ERC

Manos Limpias ha ampliado su denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo (TS) por usurpación de funciones incorporando el acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC por el que los independentistas se comprometen a apoyar la investidura del presidente del Gobierno en funciones.

En un escrito que formalizará hoy ante el alto tribunal, el colectivo de funcionarios considera el documento firmado entre ambas formaciones "parte del iter criminis" del delito que atribuye a Sánchez y a la vicepresidenta Yolanda Díaz, el ministro de Presidencia Félix Bolaños, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, la eurodiputada socialista Irache García Pérez y el diputado Óscar Puente.

Según esa ampliación de la denuncia inicial, el acuerdo por escrito "es uno de los pilares esenciales que dan cobertura a la proposición de ley de amnistía" en la medida en que, insiste Manos Limpias, compromete los votos de ERC en la investidura a cambio de "culminar la desjudicialización" del proceso soberanista en Cataluña en 2017, lo que -denuncia- "invade y desautoriza las resoluciones judiciales de todos los procesos del secesionismo catalán".

Manos Limpias denuncia que de esta forma "unos delincuentes y prófugos de la Justicia" se "autoamnistían ellos mismos con la connivencia" del presidente del Ejecutivo "usurpando las atribuciones del poder judicial". Por este motivo, pide al Supremo que valore si el acuerdo firmado por Bolaños "ha podido incurrir en un delito de prevaricación administrativa".

"Perjuicios irreparables"

En el escrito reitera su petición de suspensión cautelar de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de amnistía ante lo que juzga "perjuicios irreparables o de muy difícil reparación".

Además, hace hincapié en que el acuerdo entre PSOE y ERC "no es por el bien de España" ni busca resolver "el falsario relatorio del conflicto catalán", sino que su objetivo es "clamorosamente irrefutable", "beneficiar" a los indultados en el "procés" amnistiándoles ahora en "beneficio personal" de Pedro Sánchez. Algo que considera un "clamoroso fraude de ley con usurpación de potestades jurisdiccionales".

Con esa iniciativa, se queja, se "está violentando la división de poderes", por lo que el colectivo de funcionarios que preside Miguel Bernad -condenado a cuatro años de cárcel por el "caso Ausbanc"- defiende que el poder judicial tiene "el derecho y obligación de defenderse cuando se le usurpan sus funciones" y de defender a los ciudadanos "ante la violación del artículo 14 de la Constitución", que consagra la igualdad de todos los españoles ante la ley.

"Moneda de cambio"

En su denuncia inicial, pendiente de una decisión del Supremo sobre una posible admisión a trámite, el colectivo de funcionarios califica la medida de gracia como "un gran fraude de ley", un "trueque o moneda de cambio" para que Pedro Sánchez pueda conseguir "los siete votos de Junts necesarios" para ser investido de nuevo presidente del Gobierno.

El colectivo de funcionarios ve un fraude de ley en el hecho de que se haya "utilizado una norma como cobertura o enmascaramiento de una situación con el objetivo de evitar un resultado concreto". Tras insistir en que la Constitución "no autoriza los indultos generales", recuerda que la futura ley de amnistía "desautoriza y deja sin efecto" la sentencia del "procés" del Tribunal Supremo, las órdenes de busca y captura que pesan sobre Puigdemont dictadas por el magistrado Pablo Llarena y los procesos contra doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo y contra Tsunami Democrátic.