Anticorrupción lleva 9 meses esperando el expediente de Ribera para investigar su gestión en la trama del fuel de Aldama

La Fiscalía Anticorrupción lleva desde junio del año pasado esperando el expediente que obtuvo la empresa clave de la trama del fuel para investigar el papel del Gobierno en el asunto. La Fiscalía Anticorrupción así lo ha recordado en un reciente escrito en el que indica que es importante su incorporación al sumario para que puedan examinar las condiciones en las que se permitió a esta mercantil vinculada a Víctor de Aldama operar en el sector de los hidrocarburos.

El fiscal Luis Pastor sostiene que en junio de 2024, cuando esta investigación estaba todavía bajo el control de la Fiscalía, se solicitó el expediente sobre la concesión de la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos a Villafuel. Se trata de la empresa epicentro de esta presunta trama de corrupción en cuya cúspide se sitúa Claudio Rivas y el conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama. Según explica el fiscal en el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se terminó presentando la querella en la Audiencia Nacional sin que se hubiera incorporado esta documentación.

En dicha querella, que se interpuso en junio y recayó en el juzgado que dirige Santiago Pedraz, se solicitó la petición del expediente, para investigar si Aldama y Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos, influyeron en el Gobierno para agilizar los trámites de la concesión. Anticorrupción pidió investigar a más de 80 personas (físicas y jurídicas) por el presunto fraude al fisco de Villafuel que ascendería a más de 200 millones de euros.

A la espera del expediente

Pastor pidió entonces una batería de papeles para actuar contra esta presunta organización criminal. Entre ellos se encontraban los documentos del Ministerio comandado en el momento de los hechos por Teresa Ribera, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Tesorería General de la Seguridad Social. En la querella el fiscal desgranó la presunta operativa delictiva, consistente en la exención del pago del IVA en las operaciones de venta de fuel, y dijo que Villafuel recibió la licencia que le permitió impulsar el fraude sin cumplir, "aparentemente", el requisito financiero que la norma exige.

Sin embargo, los meses han transcurrido y el procedimiento sigue sin contar con este documento clave. Por ese motivo, Pastor lo ha reclamado a la Guardia Civil dado que los agentes aludieron al mismo en un atestado. "Si no ha sido aportado como anexo a este atestado, está a disposición de la UCO, siendo razonable atender a esta petición del recurrente y que la indicada unidad policial remita el expediente administrativo a fin de que sea unido a las actuaciones y pueda ser examinado por las partes personadas", sostiene.

El magistrado Santiago Pedraz estimó la solicitud y reclamó a la Unidad Central Operativa (UCO) que aporte estos papeles de la CNMC y del departamento que ahora lidera Sara Aagesen. Así pues, los mismos se incorporarán al sumario al menos nueve meses después de que los solicitara por primera vez el fiscal del caso. Cabe destacar que la UCO también advirtió en sus informes acerca de la mediación de Aldama y de Koldo García, asesor entonces del exministro José Luis Ábalos, para que Villafuel consiguiera la licencia de operador de hidrocarburos.

Las sospechas de la Fiscalía

De hecho, consta que se celebró una reunión en la sede del Ministerio de Industria en enero de 2021 en la que participaron Claudio Rivas, Carmen Pano (la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE), dos técnicos y también Juan Ignacio Bidart; jefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto. Los agentes advirtieron de que con esta reunión Rivas buscaba agilizar los trámites de la concesión de la licencia y que por ese motivo tiraron de la influencia de Koldo.

Se trata de un extremo que Carmen Pano ha reconocido ante la Guardia Civil, el Tribunal Supremo y, más recientemente, en la Audiencia Nacional. Esta empresaria, que puso en contacto a Aldama con Rivas, explicó que desde Industria se les emplazó a que le dieran los papeles necesarios a Koldo García, que nada tenía que ver ni con Industria ni tampoco con el Ministerio para la Transición Ecológica, que es el que se encarga de estas licencias. Desde este departamento, de hecho, desmienten cualquier trato de favor y mantienen que Villafuel tardó más tiempo que la media en obtener dicha autorización.

El sumario también desvela que Rivas no consiguió de aquellas la licencia que buscaba y eso provocó que a finales de diciembre advirtiera a Aldama de que ello iba a "traer problemas. "Hay lío, está mi hermana pidiendo una reunión urgente en el Ministerio", expuso Rivas al conseguidor, dando a entender de esta manera que tenían línea directa con la Administración y que iban a pedir explicaciones por la denegación de la licencia a Villafuel.

74 millones en el extranjero

Finalmente, en septiembre de 2022 Rivas obtuvo el permiso que, según la Fiscalía, supuso el pistoletazo de salida para defraudar 182 millones de euros en apenas dos ejercicios. Para ello se valieron de una serie de mercantiles superpuestas que, aunque simulaban la venta del fuel, en realidad pertenecían todas al entramado, de manera que la que vendía el combustible a los clientes finales era, realmente, Villafuel. La firma, controlada por los hermanos Rivas y por Aldama, obtuvo importantes beneficios con estas transacciones porque eludía el pago del impuesto del IVA.

De hecho, los investigadores sostienen que más de 74 millones de euros fueron a parar al extranjero, especialmente a Portugal y a China, a través de contratos ficticios de asesoramiento. No obstante, también han constatado conexiones con Emiratos Árabes Unidos a través de una sociedad que recibió fondos de Canary Island Fuel Company. Esta es una de las siete mercantiles que la red utilizó para ejecutar el fraude. Según la Fiscalía, la obtención de la licencia les permitió impulsar esta presunta dinámica corrupta, de ahí que sea tan importante estudiar el expediente de la misma.