La Fiscalía Anticorrupción para los pies a Santos Cerdán en sus insinuaciones sobre "lawfare" con la instrucción del "caso Koldo". El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, advierte en un duro escrito que está tratando de "enredar" la instrucción, bien sea arrojando dudas sobre la veracidad de los audios incautados o desacreditando las actuaciones del magistrado instructor, Leopoldo Puente, y le advierte, al respecto, que hay un "ingente caudal de indicios" contra él.

En su escrito, que avanza LA RAZÓN, el Ministerio Público sostiene que el que fuera secretario de Organización del PSOE está buscando "escondrijos y tortuosidades" para poner piedras en el camino a una "tramitación transparente" y hasta le reprocha que intente "ridiculizar" las principales decisiones de los investigadores. Por todo ello, se opone a practicar las diligencias solicitadas por sus abogados Jacobo Teijelo y Benet Salellas, en sintonía con lo acordado por el magistrado instructor del "caso Koldo".

"Las diligencias solicitadas y no justificadas, basadas en conjeturas y en la aparente búsqueda de escondrijos y tortuosidades para enredar una tramitación tan cabal como transparente solo comportan dilaciones e indebida acumulación de diligencias ajenas por completo a la presente causa perturbando, sí, la buena marcha de la investigación. Tan irrefutable conclusión (...) se intenta ridiculizar por el recurrente, haciéndola colgar del vacío, de la nada, tachándola de “pueril y quizás frívola” (siempre, eso sí, con el tan consabido como ausente "debido respeto") y aderezándola con una tramoyista referencia a "los juicios sumarísimos de la dictadura" sobre la que, en verdad, no vale la pena siquiera entrar", responde Anticorrupción.

Las grabaciones de Rubén Villalba

La Fiscalía se refiere a las duras manifestaciones vertidas en un reciente recurso del que fuera "número tres" del PSOE, en el que comparó el "caso Koldo" con las vistas de la dictadura. El exdirigente socialista asegura que se le causa indefensión al no adherir a esta investigación las diligencias practicadas en la Audiencia Nacional, órgano donde se instruye la parte troncal del procedimiento. Cerdán quiere acceder a los audios que obran en ese procedimiento, entre los que se encuentran unas grabaciones que efectuó el comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo, Rubén Villalba, a sus superiores en la Jefatura de Información.

La estrategia del exdirigente socialista pasa por demostrar que esta causa no es más que un complot de índole político contra él en represalia al papel clave que jugó para formar los gobiernos de Pedro Sánchez en 2018 y 2023. Sin embargo, sus continuas alusiones al "lawfare" están hartando a los investigadores, que le sitúan en la cúspide de una trama de corrupción que comenzó a operar en 2014 en Navarra y que se habría repartido mordidas millonarias a cambio de presuntas adjudicaciones irregulares del Ministerio de Transportes.

Al respecto, Anticorrupción insiste en que no se va a adherir la parte de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional a esta investigación del Tribunal Supremo por el simple motivo de que tiene un objeto "distinto". "Cada procedimiento sigue su curso", responde, a la par que insiste en que Cerdán "sigue sin aclarar los motivos" por los que quiere acceder a un material que nada tiene que ver con esta causa. Es más, asegura que le responde a su recurso "por cortesía procesal" ya que las quejas planteadas no son nuevas.

Cierre de filas con la UCO

En lo que respecta a sus reproches contra la UCO por una presunta "extralimitación de funciones", Anticorrupción responde que las valoraciones de los agentes están "profusamente fundamentadas". "Son tales evidencias, debidamente ordenadas y sistematizadas, así como su frecuentemente inequívoco contenido, lo que aporta valor a estos informes", precisa. Con todo, advierte que hay que diferenciar los trabajos de la Policía Judicial de las periciales practicadas hasta el momento.

Precisamente, uno de los principales objetivos del exdiputado socialista es anular los audios que atesoraba Koldo García en su vivienda y que propiciaron su imputación en las diligencias. Desde el primer momento, Cerdán ha defendido que está manipulados y que esta prueba estrella de la causa debe anularse por no poderse garantizar la autenticidad de los mismos.

Ante ello Puente encargó al Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística (SECRIM) de la Guardia Civil un peritaje que determinó que los ocho archivos en los que aparecerían repartiéndose mordidas son auténticos. Pese a ello Cerdán insiste en no tenerlos como prueba válida, a lo que Anticorrupción le responde ahora que los archivos del que fuera mano derecha de José Luis Ábalos son completamente válidos.

Las acusaciones respaldan al juez

"Realmente, lo que el recurrente denomina “hipótesis alternativas”, están más cerca de constituir puras especulaciones, huérfanas de apoyo sólido en los resultados de la referida prueba pericial", dice ahora la Fiscalía, que recuerda, además, a los "veteranos" abogados de Cerdán que no acaba de entender el empeño por tratar de demostrar que Koldo no los asume como propios. "Aun cuando este investigado negara en sede judicial la autoría de las grabaciones, deberán entender las partes que tal eventual negativa, legítima, lógica y casi rutinaria entre los investigados (...) no puede llevar por sí misma a que el Juzgado y, en su día, el Tribunal, rechace la autoría de las referidas grabaciones, máxime ante el ingente caudal de indicios obrantes en la causa", precisa.

Las acusaciones populares, que litigan bajo la defensa letrada del Partido Popular, también se opusieron a la práctica de las diligencias y solicitaron que se confirmara la resolución inicial. De hecho, aseguran que se trata de actuaciones "irrelevantes para los fines de la instrucción" y precisan, en lo que respecta a los audios, que ha quedado claro que no se ha identificado manipulación alguna en los mismos.

Además, también avalan la orden del magistrado de rastrear si existen audios de Aldama con aforados como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sin que ello implique una investigación encubierta al aforado (y por lo tanto, prohibida). Al respecto las acusaciones inciden en que la inviolabilidad parlamentaria no exime de indagar si hay indicios para proceder contra un aforado. Más bien al contrario, ya que sin acotar unos mínimos indicios de implicación no se podría proceder a solicitar el suplicatorio. El juez, por su parte, accedió a lo reclamado por las partes y confirmó este miércoles el auto por el cual denegó la práctica de las diligencias a Santos Cerdán.