Un anuncio que ya no se cree nadie

Malo cuando el nuevo anuncio sobre vivienda hecho por el presidente del Gobierno es recibido con choteo por buena parte del arco parlamentario. De hecho, la chanza ha sido generalizada estos días en las redes sociales. No parece muy de recibo la manera que ha tenido Pedro Sánchez de presentar un plan que parece más una lotería que un proyecto bien urdido y sopesado. Empezaron por 50.000 y ya estamos en 183.000 viviendas sociales, que el Gobierno va a construir pese a que en los anteriores cinco años no hizo ninguna. No por no haberlas prometido. De hecho, José Luis Ábalos habló de promover 20.000 en 2018. Sánchez subió la cifra a 26.000 de la Sareb en febrero de 2021. Pareciéndoles una cifra exigua, Ábalos volvió a la carga y elevó meses después su compromiso hasta las 100.000. Y Gabilondo, 15.000 más. Y Raquel Sánchez, otras 5.000 en el mes de septiembre de ese mismo 2021. Ya en 2022, dijeron que de la «operación Campamento» saldrían hasta 65.000. Y este 2023, hace apenas una semana, otras 50.000 de la Sareb, 43.000 del ICO y 20.000 en terrenos del Ministerio de Defensa, habilitando un total de 183.000 pisos de alquiler social a precio asequible. Sumando y echando cuentas, llevan anunciadas la construcción o movilización de 420.000 viviendas, miles de millones en inversión y todo tipo de ayudas que nunca llegan.

Lo increíble es que en todo este tiempo, cinco años en total, no han puesto ni un ladrillo, no han inaugurado ni un solo apartamento de los miles que prometieron. Y eso que lo de la Sareb parecía bien fácil. En teoría, los pisos del «banco malo» están acabados y apenas hay que repartirlos. Eso dijeron al menos. El problema es que no están terminados, no son tan buenos y se localizan en lugares poco requeridos por quienes los necesitan. Hay mucho humo en la Sareb, tanto como en la eterna «operación Campamento», que nunca se pone en marcha, pese a haber sido mil veces anunciada. Como los terrenos de Defensa o las casas del ICO.

El problema es que el Gobierno no tiene competencias y no sabe cómo meterle mano al asunto. Si en los cinco años pasados no emprendieron nada, no sabemos bien por qué ahora lo van a hacer. Más parece fruto de la premura electoral. Solo que improvisado, sin orden, sin presupuesto. Las ministras se pelean en público porque sus cifras no coinciden con las del presidente, que va por libre. Una dice que se trata de un anuncio electoral y otra que aún no sabe nada. Y algún barón territorial se excusa porque «esto está en pañales». Cierto que lo está. Ni un planteamiento mínimamente serio. Un plan embarullado, mezclado, imposible de interpretar. Como la Ley. Mucha propaganda sobre que esta es la primera Ley de Vivienda de la Historia y etecé, aunque para según qué ley mejor no hacer ninguna. Porque con ella se va a agravar el problema de los okupas, al acentuarse la inseguridad jurídica del propietario. Va a ser más difícil desalojar al inquilino que decide no pagar. Ahora, el proceso judicial suele durar un año, tiempo en el que el arrendador no cobra nada y el okupa vive gratis. Ese tiempo podría demorarse hasta cinco años o más, como en el caso que recoge la reciente sentencia notificada por el Tribunal Supremo contra una familia okupa, a la que condena porque «se tomó la justicia por su mano». Cinco años en los que el propietario no tiene ingreso alguno y paga los gastos de su casa, de la que se benefician otros.

Desde que se anunció esta norma la oferta de pisos en alquiler ha caído un 28 por ciento. Los caseros tienen miedo y prefieren vender antes que arrendar. Tal es la solución que va a dar Sánchez al problema de la vivienda en España.