La defensa de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que archive la pieza principal de la causa en lo que a la trabajadora de Moncloa se refiere, al tiempo que ha reclamado que condene en costas a las acusaciones populares –dirigidas por Hazte Oír– al considerar que actúan "exclusivamente" por "interés político y mediático".

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso EP, que ha presentado ante el juez y que recoge los argumentos que esbozó el lunes en la vista en la que se informó a las defensas de Gómez, de Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés de que, en caso de ir a juicio, serán juzgados por un jurado popular, es decir por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces.

La defensa, a cargo del letrado José María de Pablo, pidió al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que dejase sin efecto la transformación de la causa mediante un procedimiento ante el tribunal del jurado, que archivase la causa para Álvarez y que condenase a la acusación popular al abono de las costas procesales ocasionadas por la asesora de Moncloa.

"No cabe duda de que la imputación contra mi patrocinada que concretó la acusación popular responde, exclusivamente, al interés político y mediático de esa acusación popular. Y esa no es la función de los procedimientos penales", sostuvo.

El letrado defendió que "es palmaria la temeridad y la mala fe de la acusación popular" en la imputación que realiza contra Álvarez. Así las cosas, criticó que le atribuyese a la trabajadora de Moncloa un delito de tráfico de influencias "sin concretar su participación en ningún acto concreto de presión moral eficiente hacia un funcionario".

"Es decir, la imputa un delito, pero describiendo hechos que claramente no constituyen el delito", recalcó, al tiempo que afeó también que le imputase un delito de apropiación indebida "desobedeciendo expresamente a este juzgado de instrucción", que acordó investigar a Álvarez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero no apropiación indebida.

Con todo, el abogado insistió en que la Audiencia Provincial de Madrid "limitó la investigación" relativa a Álvarez al delito de tráfico de influencias. Sobre este extremo, incidió en que el órgano encomendó al instructor a averiguar si Álvarez, mientras "se sobrepasaba en las funciones encomendadas, participó en el delito de tráfico de influencias que pudiera atribuirse a Begoña Gómez".

Es decir, si colaboró con la esposa del presidente del Gobierno en la acción de influir en algún funcionario –entiende que de la Universidad Complutense de Madrid– para que adoptase una resolución que supusiese un beneficio económico para Gómez.

Para la defensa, "no existe en la causa rastro indiciario alguno de una posible participación de Álvarez en la conducta típica del tráfico de influencias: la influencia, como presión moral eficiente sobre la voluntad de un funcionario".