La Asociación de Abogados del Estado ha avalado que Begoña Gómez firmara los pliegos técnicos de su cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. El ente precisa en su respuesta al juez Juan Carlos Peinado que la elaboración de estos documentos no se reserva a un cuerpo de funcionarios concreto ni se exige tampoco una titulación concreta para su redacción.

El juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por cinco delitos solicitó a la asociación que elaborara un informe sobre las "cualificaciones académicas y titulación exigibles" para hacer los pliegos de contratación pública. Su objetivo es esclarecer si Gómez cometió delito de intrusismo profesional con la redacción de los pliegos de la cátedra que codirigió en la universidad pública.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Asociación de Abogados del Estado precisa, en primer lugar, que no es conveniente que actúe como perito en estas diligencias puesto que la Abogacía del Estado está personada en las mismas y ello podría dar lugar a un conflicto de intereses. Según indica, su actuación "tendría implicaciones por cuanto que podría beneficiar o perjudicar a la postulación procesal" del abogado del Estado y, además, podría "comprometer la imparcialidad o neutralidad que se exige de un servicio pericial".

Aval a la actuación de Gómez

En lo que respecta a la consulta concreta del juez, el ente precisa que no se prevé que la firma de los pliegos de la contratación la lleve a cabo un cuerpo de funcionarios concreto y determinado, ni tampoco se exige una titulación concreta para su redacción. En este caso Peinado quería constatar si las personas sin titulación superior, como sería el caso de la esposa del presidente del Gobierno, están facultadas para desempeñar esta función.

No obstante, admite que la elaboración de cualquier pliego de condiciones o prescripciones que sirva de base para un proceso de selección de contratistas en adjudicaciones públicas "son términos genéricos que resulta difícil reconducir a la terminología y extraordinaria casuística" contenida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En concreto, se apela a los artículos 116 y siguientes de la citada norma, que establecen las pautas para la elaboración y redacción de los expedientes.

La Asociación pone el foco en el artículo 122 que regula los pliegos de cláusulas administrativa particulares. Del mismo, se desprende que deben aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella y siempre antes de la licitación del contrato (o, de no existir, antes de su adjudicación). Además, solo podrán ser modificados con posterioridad por error material.

Peinado pregunta a la Complutense

Asimismo, la Abogacía precisa que tanto el pliego de cláusulas administrativas como de prescripciones técnicas particulares, han de ser aprobados por el órgano de contratación. Sin embargo, no se exige una titulación concreta ni tampoco se encomienda esta labor a un cuerpo de funcionarios concretos. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, tras adherir la respuesta del ente, ordena oficial a la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid para que informe sobre la normativa aplicable a las normas internas de contratación previstas para la cátedra que codirigió Begoña Gómez.

El instructor ya preguntó hace unos días a la universidad pública si había más personas además de la esposa del líder del PSOE que, "sin titulación superior" han suscrito pliegos técnicos de contratación para licitar procesos como el relacionado con el software de la cátedra de Transformación Social Competitiva. El juez investiga la autorización que dio Gómez sobre las condiciones de contratación de Deloitte, una de las empresas que colaboró en el desarrollo del software cuya creación se rastrea también por un presunto delito de apropiación indebida por parte de la investigada.