La Audiencia Nacional decide sobre la suspensión del juicio de los CDR por la ley de amnistía

Mañana los doce acusados de los Comités de Defensa de la República (CDR) tendrán una cita clave en los tribunales. La Audiencia Nacional celebrará una vista este lunes en la que analizará si suspende el juicio por terrorismo, tal como alegan los abogados de la defensa, bajo varios argumentos. Uno de ellos, es que se les aplicará la futura ley de amnistía, que todavía está en fase de tramitación parlamentaria, concretamente, en el Senado.

Los representantes de los acusados presentaron una serie de artículos de previo pronunciamiento sobre los que el tribunal tendrá que decidir. Y será relevante, especialmente en lo relacionado a la suspensión en base a una norma, la ley de amnistía, que aún no se ha aprobado ni ha entrado en vigor.

Los doce imputados afrontan cargos por integrar una facción radicalizada de los CDR a la que se acusa supuestamente de haber organizado sabotajes o acciones violentas contra sedes oficiales de Cataluña en 2019 en protesta a la sentencia del 'procés'. La Fiscalía les acusa de delitos como pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos; o estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.

A diferencia del caso Tsunami Democràtic, que investiga a Carles Puigdemont, a Marta Rovira y a Rubén Wagensberg, entre otros, donde solo aprecia desórdenes públicos, el Ministerio Fiscal sí ha visto indicios de terrorismo desde el primer momento en los CDR y ha solicitado entre 8 y 27 años de cárcel para los acusados años en total.

El Ministerio Público atribuye los tres delitos a Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín -solicita para cada uno de ellos una condena de 27 años de cárcel, además de ocho años de libertad vigilada una vez cumplan la pena-, mientras que a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero solo les imputa un delito de pertenencia a organización terrorista, por el que pide ocho años de prisión en cada caso.

El fiscal también solicita que se les impongan penas de inhabilitación absoluta y de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio educativo en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre por un tiempo superior en diez años al de la duración de la condena. La futura ley de amnistía que pactaron PSOE, Junts y ERC para dar luz verde a la investidura de Pedro Sánchez se aplicaría a ambos procedimientos.

Aunque el juicio a los CDR aún está sin fecha, las defensas han utilizado la tramitación parlamentaria de esta medida de gracia para solicitar su suspensión, porque consideran que los acusados en esta causa serán amnistiables y podrán beneficiarse de la futura ley. También argumentan falta de competencia de la Audiencia Nacional y acusan al juez instructor, Manuel García-Castellón, de "arbitrariedad".