En su último recurso, presentado ante la instancia superior al juez que la investiga, la Audiencia Provincial de Madrid, la defensa de Begoña Gómez no solo pide que se le desimpute el quinto delito que sumó en agosto -de malversación de caudales públicos- o que se impida a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil proceda al volcado del mail que tiene a su disposición en Moncloa.

El abogado de la mujer del presidente del Gobierno aprovecha esta alegación para reclamar, una vez más, que se le deje de investigar por los cuatro delitos restantes que el juez Juan Carlos Peinado indaga en si cometió.

De tráfico de influencias y corrupción en los negocios a través de la cátedra extraordinaria que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), de apropiación indebida del software y de intrusismo profesional por su intervención en la contratación del desarrollo de este mismo programa.

El letrado de la esposa de Pedro Sánchez, el exministro socialista Antonio Camacho, sostiene, respecto al software, que no pudo haber una apropiación indebida de la marca de la plataforma por su cliente porque -defiende- el Código Penal exige que la marca haya sido previamente registrada por la Complutense.

Recuerda que Gómez en ningún momento puso a su nombre la denominación del producto tecnológico ante el Registro de la Propiedad Intelectual y se limitó a "registrar el logo de la página web para evitar que fuera incorrectamente utilizado".

Como ya informó LA RAZÓN, la mujer del jefe del Ejecutivo se declaró ante la Oficina de Patentes propietaria de la marca que da nombre al software que desarrollaron varias empresas privadas, de manera altruista, para la cátedra que codirigía en la UCM. Concretamente, figura como la dueña de los derechos sobre la marca "TSC Transforma Plataforma de medición de impacto social y Medioambiental www.TransformaTSC.org".

Pero es que, además, en este último recurso, Gómez hace valer que ella fue la inventora del término "Transformación Social Competitiva (TSC)" con el que se bautizó la cátedra extraordinaria y uno de los másteres que ofrecía.

"Fue elegido personalmente por mi defendida, que así se lo propuso a la Universidad Complutense, para que fuera utilizado (...) Es un término que ella inventó, que antes no existía y que de ninguna manera estaba registrado por la universidad", señala Camacho.

Asimismo, que el programa -que supuso una inversión superior a los 300.000 euros- terminase en una página web cuya titular es la mujer del presidente lo explica que desde la universidad se le indicó que ellos no se encargaban de dar de alta dominios y "se le dio instrucciones de como hacerlo".