La derivada judicial del "caso Salazar" tiene difícil recorrido sin la denuncia expresa de las víctimas. El asunto, que ahora mismo está en manos de Ferraz tiene complicado avanzar en la Fiscalía o en un juzgado si no se cuenta con el testimonio de las denunciantes, para lo cual es necesario que den su versión de los hechos.

Fuentes fiscales explican a LA RAZÓN que se pueden dar dos escenarios: o bien se abren diligencias preprocesales en la Fiscalía, o bien las víctimas podrían acudir directamente a los juzgados. En el caso de que se opte por la primera vía, es clave contar con el testimonio de la afectada, como así ocurrió con la mujer que ha denunciado al secretario general de los socialistas en Torremolinos (Málaga), Antonio Navarra, por presunto acoso sexual. En su caso, interpuso denuncia ante el propio partido y también ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, la cual ya ha abierto diligencias.

En lo que respecta a Salazar la situación es diferente porque el partido está evitando al menos por el momento acudir a la Fiscalía. La formación socialista, que este viernes reconoció en una nota interna a la militancia que no había estado a la altura, se resiste a poner estos hechos en disposición del Ministerio Público. Se trata de las denuncias interpuestas de manera anónima por dos militantes que se gestionaron a través del canal antiacoso del partido el pasado mes de julio, tras desvelar elDiario.es las conductas presuntamente irregulares de quien entonces iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización.

El necesario testimonio de las víctimas

En este caso, las denunciantes -que ejercieron como subordinadas del exasesor de Moncloa- optaron por comunicar los hechos por la vía interna y preservar su anonimato. Aunque en ningún momento están obligadas a dar su identidad, tendrían que arriesgarse a ello en caso de que quieran que la Fiscalía asuma las riendas del asunto. No porque el Ministerio Público vaya a desvelar sus datos, sino porque es muy probable que la investigación abordara aspectos privados de las dos mujeres y que los mismos acabaran saliendo a la luz en el momento en que el asunto se judicializara.

Con todo, las fuentes consultadas explican que la Fiscalía tiene muy difícil avanzar sin su testimonio y ello pese a que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) reconoce en su artículo 3.7 la facultad de intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas. Lo que sí podría hacer la Fiscalía en caso de que recibiera una denuncia de un tercero sobre este supuesto caso de acoso, es ofrecer a las víctimas que emprendan acciones legales o que se personen en calidad de perjudicadas en la investigación.

Este fue el proceder con Jenni Hermoso con motivo del beso no consentido que le dio el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, durante la celebración por la victoria del Mundial en Australia en agosto de 2023. En este caso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional (competente para asumir los hechos por haber ocurrido fuera de España) abrió diligencias por un posible delito de agresión sexual y ofreció a la futbolista a denunciar formalmente los hechos.

El "caso Rubiales", el precedente

La futbolista cogió el guante y presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado que sirvió de base para que la Fiscalía interpusiera querella contra Rubiales, que finalmente terminó siendo juzgado y condenado al pago de 10.800 euros de multa a la joven por un delito de agresión sexual.

No obstante, las afectadas también pueden acudir directamente a los tribunales. En ese caso tendrían que interponer denuncia directamente contra Salazar y aguardar a que el juzgado abriera diligencias de investigación. En el momento se abriera causa, la Fiscalía tendría que archivar las diligencias abiertas que tuviera sobre este asunto (en caso de que existieran) y tendría que derivar lo investigado al juzgado.

El asunto en cuestión recaería sobre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, ya que desde el pasado 3 de octubre, con motivo de la reformas judiciales impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, asumen todas las competencias sobre delitos de agresión sexual de cualquier índole. Sin embargo, las víctimas prefirieron hacer uso del canal para que el Órgano contra el Acoso y preservar así su anonimato.

Compromiso a investigar

Sin embargo, sus denuncias -en las que relatan al detalle comentarios humillantes hacia las trabajadoras y también un presunto abuso de poder aprovechando su superioridad jerárquica- no solo no se tramitaron sino que desaparecieron tal y como publicó elDiario.es. Además, el partido también dijo que la investigación decaía toda vez que se había dado de baja como militante al que fuera asesor de Moncloa.

Sin embargo, Ferraz rectificó en tiempo récord y achacó el borrado de los expedientes a un fallo del sistema. Este mismo viernes se comprometieron a analizar el contenido de estas denuncias -que estuvieron varadas desde el pasado mes de julio- y anunciaron que plasmarán sus conclusiones en un informe. Sin embargo, por el momento no hay compromiso alguno de llevar los hechos ante el Ministerio Público para que abra diligencias por estos hechos.