Cataluña decide el voto

Máxima alerta policial. Perplejidad por la inacción preventiva. Advertencias también policiales, esta vez de los Mossos, sobre el riesgo de que los radicales independentistas bloqueen los colegios electorales antes del 10-N.

Máxima alerta policial. Perplejidad por la inacción preventiva. Advertencias también policiales, esta vez de los Mossos, sobre el riesgo de que los radicales independentistas bloqueen los colegios electorales antes del 10-N. El Gobierno en funciones se protege las espaldas y avisa de que la Policía actuará para prevenir la comisión de delitos electorales si se convocan actos que contravengan la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOERG) durante la jornada de reflexión o el mismo 10-N. Y en el Gobierno en funciones y en la oposición se llevan las manos a la cabeza por hechos como la convocatoria promovida por la plataforma Tsunami Democrático en las redes sociales. Además de especular sobre el alcance de las protestas secesionistas convocadas para la semana de campaña electoral y, especialmente, para este lunes, coincidiendo con el acto de entrega de los Premios Fundación Princesa de Gerona en Barcelona, y al que tiene previsto asistir el Rey Felipe VI y miembros de la Casa Real.

La semana que empieza es crucial para una campaña electoral inédita desde su origen, y a la que la ofensiva soberanista amenaza con convertir en absolutamente extraordinaria. Hay mucho en juego para los intereses de los partidos en sí, ya que todos hacen cálculos sobre hasta qué punto la agenda del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de su tutor, Carles Puigdemont, y de los CDR puede afectar al 10-N. Pero en su esencia realmente es una semana crucial para España, que se enfrenta a una insurrección amparada desde las instituciones, con participación de líderes políticos y sociales del independentismo, y ante la que el Estado responde con instrumentos viejos y dividido por intereses electorales en su acción constitucionalista.

LA RAZON ha confrontado los puntos de opinión de los principales partidos. Hay división en la izquierda entre el PSOE y Podemos. Hay división entre la izquierda y la derecha. Y hasta hay tensión en la derecha sobre la respuesta a esta revuelta independentista, que amenaza incluso la normalidad en la que debe desarrollarse democráticamente el proceso electoral. El interés está más puesto en destacar lo que les separa que el mínimo común denominador que habría sido necesario para evitar llegar a esta situación, en la que el Estado parece que siempre va por detrás, a la defensiva, en algunos casos hasta desarmado para parar los ataques del secesionismo. «La situación es más grave que en el 1-0. Entonces había una amenaza a la legalidad, pero ahí el Estado sí tenía medios, y ese pulso al Estado de Derecho en el plano de la legalidad estaba muerto antes de nacer. Estaba el teatro de los líderes. Pero ellos sabían que no tenían ni Ejército ni dinero para pagar las pensiones ni apoyos para ser algo más que una autarquía. Sin embargo, ahora la facción de Torra ha decidido convertir la violencia en un instrumento político; sostienen que esas protestas invasivas y violentas son un derecho fundamental; y si en el 1-O utilizaron a una parte de los Mossos contra el Estado, ahora están utilizando a la gente como escudo para mantener la farsa del proceso independentista. Lo importante no es si el procés ha sido un fracaso o no, que es evidente que lo ha sido, sino que en esta segunda parte se están abriendo heridas hasta en ámbitos hasta ahora respetados, como la universidad, que tienen muy difícil solución», analiza un alto cargo de Justicia.

Mientras la política se entretiene en medir en sus sondeos y trackings electorales quién gana y quién pierde al ritmo de las agendas de Torra y de los radicales independentistas, en el plano más técnico del Gobierno en funciones coinciden con los más veteranos del PP en la idea de que el Estado «se ha quedado antiguo ante esta revuelta posmoderna en la que hay instituciones del Estado que dirigen la revuelta y la alimentan». El candidato socialista Pedro Sánchez espera acontecimientos. Como ocurrió con la respuesta independentista a la sentencia del Tribunal Supremo. Y a costa, según denuncia la oposición, de los derechos y libertades de los catalanes en su conjunto. El PP exige la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, sobre la que hay serias dudas de que pueda ser ya realmente útil cuando el problema no está en la colaboración de los Mossos y las Fuerzas de Seguridad del Estado porque la policía autonómica necesita a la Policía Nacional para sobrevivir a los ataques de los radicales. Ciudadanos exige el artículo 155 de la Constitución. Y Vox presiona con ir más allá por la vía del artículo 116 de la Constitución, que es el que regula los estados de sitio, alarma y excepción.

Pero lo más desesperante es que fuera del pulso electoral, un análisis más sosegado de la situación actual coloca el dedo en una llaga muy preocupante: la de que el ordenamiento jurídico está dando muestras de no estar preparado para actuar eficazmente ante una situación como ésta sin recurrir a medidas excepcionales. Que posiblemente deberían haber sido implementadas antes de llegar a una radicalización de la calle que abre el riesgo de que la situación catalana acabe cronificada y derive a una especie de «ulsterización», con todas las diferencias a salvar.

Ni suspender el viaje de los Reyes ni la suspensión de un Barça-Madrid aportan nada al camino de la solución, y la prudencia de la que hace gala Sánchez por razones institucionales, pero también atendiendo a las necesidades electorales del PSC, parece temeraria si se escucha lo que dicen y en lo que están trabajando los operativos policiales movilizados para reaccionar si los violentos independentistas deciden convertir sus amenazas en hechos, como ya hicieron en la semana de barricadas con la que contestaron a la sentencia del Supremo. «Es posible que tras el 10-N sea tarde para reaccionar. Ahora hay miedo electoral, pero hemos dejado la esencia de la democracia, la normalidad del proceso electoral, en manos de los radicales independentistas», sentencia un ex ministro socialista.