Cuando el fuego parece dar tregua –todavía quedan algunos focos activos, pero ya bajo control–, se acerca la hora del balance político. La contienda partidista se instaló en el «y tú más» desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió imputar a las comunidades autónomas toda la responsabilidad en la gestión de una crisis nacional, puesto que ha habido un total de siete territorios afectados por las llamas. Aunque la peor parte se la han llevado Castilla y León, Galicia y Extremadura.

Para capear la tragedia forestal, los territorios gobernados por el PP han aportado [hasta la fecha] un total de 23.718 operarios propios, entre bomberos, técnicos de operaciones, agentes forestales, personal de servicios de prevención y extinción, de logística o patrullas de vigilancia. Una cifra bastante lejana a los movilizados por el Ejecutivo: 11.853 efectivos.

En cuanto a las capacidades materiales, del lado de las autonomías del PP se han utilizado un total de 2.567 medios, de los cuales 128 han sido aéreos y el resto, terrestres; mientras que la Administración central ha puesto en marcha 45 aeronaves y, en base a las afirmaciones de Margarita Robles, 2.000 medios terrestres.

Los datos, cotejados, uno a uno, por las seis comunidades populares que se han visto afectadas por la catástrofe medioambiental, arrojan una conclusión demoledora, según la dirección nacional de Génova: «En la mayor crisis incendiaria de lo que llevamos de siglo las comunidades autónomas movilizaron el doble de efectivos que el Gobierno y un 22% más de medios materiales (sumando aéreos y terrestres)».

Así viene recogido en un documento interno de la dirección popular al que ha tenido acceso LA RAZÓN y que viene a corroborar la principal denuncia planteada desde el inicio de la crisis por los barones afectados: «Con Sánchez al frente, los medios de todos están secuestrados por el presidente».

Cuando los incendios empezaron a desbocarse en algunos puntos, los gobiernos afectados decidieron reclamar más medios al Estado. Unas peticiones que enfadaron a la directora de Protección Civil, la socialista Virginia Barcones, que acusó con desaire a los presidentes regionales de pedir «imposibles». También algunos ministros del Ejecutivo, caso de la titular de Defensa, han apuntado estos días a la mano de Alberto Núñez Feijóo como culpable de los pasos dados por sus presidentes autonómicos.

Frente a un Gobierno que se sacude las manos y dice que la catástrofe ha sido consecuencia de la mala gestión de las autonomías, el PP replica con números. De todas las regiones damnificadas, hay tres, en particular, en las que resalta el contraste entre los medios aportados por unos y otros. En Castilla y León, la Junta ha aportado para la lucha contra el fuego a 4.720 profesionales, contando con ingenieros, agentes medioambientales, trabajadores de cuadrillas y tripulaciones de medios aéreos. Además de 33 aeronaves, 391 autobombas y vehículos pick-up, 210 cuadrillas terrestres y helitransportadas, y 32 retenes de maquinaria y bulldozers.

Galicia ha reunido a más de 7.000 personas, entre el servicio de prevención y extinción de incendios, brigadas helitransportadas, agentes forestales, técnicos y personal municipal. Y Extremadura, 994 efectivos, la mayoría de ellos bomberos forestales, con 67 unidades de extinción, emisoristas, coordinadores técnicos o personal en puestos fijos de vigilancia.

Capítulo aparte para las comunidades populares donde apenas ha habido incendios y sus gobiernos han activado medios para ayudar donde más falta hacía. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana envió a Castilla y León hasta 134 efectivos y maquinaria, y dos aviones para Galicia y Extremadura.