El CGPJ rechazó en dos ocasiones que la huelga de jueces tenga "cobertura legal"

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) valorará el próximo jueves la convocatoria de huelga indefinida a partir del 16 de mayo efectuada por tres de las cuatro asociaciones judiciales para exigir mejoras salariales. Pero el órgano de gobierno del poder judicial ya tuvo que enfrentarse a una convocatoria de huelga por parte de los jueces -aunque no indefinida, como la que ahora se avecina- en febrero de 2009 y noviembre de 2012, con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, respectivamente. Y en ambas ocasiones, primero el Pleno en una declaración institucional y posteriormente la Comisión Permanente llegaron a la misma conclusión y se negaron a fijar servicios mínimos al cuestionar que el derecho de huelga de los magistrados tenga soporte normativo.

En 2009, ante la jornada de huelga convocada el 18 de febrero por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, respaldada por asambleas de jueces de toda España, el Consejo General del Poder Judicial se vio obligado a pronunciarse sobre los paros.

Las asociaciones convocantes reclamaron al CGPJ que fijase los servicios mínimos imprescindibles y que avalase la convocatoria de los paros "en forma y plazo legal".

Pero en una reunión extraordinaria el 9 de febrero, el Pleno se negó en redondo al concluir que "con independencia de las cuestiones que pudieran suscitarse en relación al reconocimiento del derecho de huelga de jueces y magistrados" el ejercicio de ese posible derecho carecía de "soporte normativo".

"Servicio público fundamental"

EL CGPJ defendió en esa ocasión que las medidas de presión anunciadas "por su gravedad y efectos en la prestación de un servicio público fundamental resultan difícilmente conciliables con los objetivos que persiguen y carecen de justificación cuando está abierta la vía del diálogo con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas".

Y subrayó que no compartía la adopción de medidas "que perjudiquen el derecho de los ciudadanos a obtener la tutela judicial efectiva y cuyo ejercicio no tiene una específica cobertura legal".

Pese a compartir y apoyar las reivindicaciones de los jueces sobre "la modernización de la Justicia, las condiciones en que se administra y la mejora del estatuto orgánico" para lograr una Justicia "rápida y de calidad", el Pleno apeló al "constatado sentido de la responsabilidad y del cumplimiento del deber" de los jueces y magistrados y les instó a hacer gala de "una voluntad real de buscar puntos de encuentro" con el Ministerio de Justicia y a "apoyar" el diálogo con "una actitud crítica, pero responsable y constructiva".

El CGPJ ni siquiera vio procedente tener por anunciada la convocatoria de huelga (con la que los convocantes cumplían con la obligación legal de preavisar el paro).

Los vocales consideraron insuficiente la invocación que hicieron los convocantes del paro a los artículos 3 y 4 del decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, que recoge el derecho de huelga. Según determinó el Pleno entonces, en la petición de que se fijasen unos servicios mínimos la petición de los jueces se encontraba "huérfana de cualquier motivación" que avalase la aplicación de estos preceptos en el ámbito judicial. El órgano de gobierno del poder judicial señaló por tanto que esa regulación se refiere "a un tipo distinto de relaciones jurídicas".

En consecuencia, el CGPJ se negó a fijar los servicios mínimos y también rechazó dar por buenos "aquellos que pudieran señalar" las asociaciones convocantes de la huelga de 24 horas.

Derecho a la tutela judicial efectiva

El Pleno hizo hincapié en ese acuerdo en que su función es velar "para que mediante el ejercicio de la función jurisdiccional se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos". Eso sí, reconocía que los miembros de la carrera judicial trabajan "con un grado de dedicación y esfuerzo personal encomiable" y que en muchas ocasiones lo hacen "en condiciones humanas y materiales que no responden a las necesidades exigibles para el ejercicio de un poder del Estado".

En 2012, fue la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) la que trasladó al CGPJ una propuesta de servicios mínimos de cara a la huelga convocada el 14 de noviembre. Entonces, la Comisión Permanente se remitió tras una reunión extraordinaria a los argumentos expuestos tres años atrás para negarse a avalar esos servicios mínimos ante la falta de "cobertura legal" de los paros de los jueces.