Otro frente para Pedro Sánchez: jueces y fiscales anuncian huelga indefinida desde el 16 de mayo

Tambores de huelga entre jueces y fiscales. Tres de las cuatro asociaciones judiciales -la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- y dos de las tres asociaciones de la carrera fiscal -la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- han anunciado su intención de convocar una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo para reclamar mejoras salariales.

Este nuevo frente para el Gobierno de Pedro Sánchez se produce después de dos meses de huelga de los letrados judiciales, que se cerró a finales de marzo con una subida salarial media de 430 euros brutos mensuales y con el conflicto con los funcionarios -que mantienen paros parciales indefinidos desde el pasado día 17- todavía abierto tras una primera reunión infructuosa la semana pasada entre el Ministerio de Pilar Llop y los sindicatos.

A esta nueva convocatoria de paros en la Administración de Justicia no se suman por ahora la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), quienes según se aseguran en un comunicado conjunto de todas las asociaciones judiciales y fiscales, "compartiendo el diagnóstico de la situación y las mejoras necesarias para superar el estancamiento actual de nuestro sistema judicial (incluyendo las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal)", prefieren esperar al resultado de la reunión de la Mesa de Retribuciones convocada por el Ministerio de Justicia la próxima semana, pero "sin renunciar a adherirse a la convocatoria de huelga en función de su resultado".

Justicia, la "cenicienta" de la Administración

En ese comunicado, estas agrupaciones de ambas carreras aseguran que llevan años "preocupadas y denunciando la falta de dotación suficiente del servicio público que constituye la administración de Justicia". Y tras constatar que las cantidades que incluyen en este ámbito los Presupuestos Generales del Estado "son insuficientes", constatan con pesar que en la Administración General del Estado "la administración de Justicia es la cenicienta".

"Las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía -denuncian-, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad".

Para las cinco asociaciones convocantes, la reunión prevista de la Mesa de Retribuciones el próximo 3 de mayo ofrece una "nula garantía" de que sus demandas vayan a ser escuchadas, puesto que -recuerdan- "como la experiencia nos enseña, se puede desconvocar en cualquier momento" e "incluso aunque llegue a celebrarse, si no existe un verdadero propósito de negociar (que el Ministerio aún no ha demostrado) no sería más que otra forma de dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental".

Actitud "prudente" y "callada" de jueces y fiscales

"La actitud prudente, callada y responsable que hemos mantenido hasta ahora, desde hace más de un año, no ha dado fruto alguno -lamentan- sin que ni siquiera se nos haya permitido hablar directamente con el Ministerio de Hacienda, que legalmente forma parte de la Mesa". Unas carencias que, subrayan, se producen "en un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos".

Asimismo, recuerdan que tras las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia el 31 de marzo (en el caso de las asociaciones judiciales) y el 4 de abril (las asociaciones fiscales) anunciaron su intención de elaborar un calendario de "medidas de presión" tras ante el "decepcionante resultado" de esos encuentros a los que acudieron, recalcan, "siempre de buena fe" y con el objetivo de "construir consensos" con el ministerio que dirige Pilar LLop.

Justicia, señalan, "se había comprometido" en marzo del pasado año a convocar la Mesa de Retribuciones para el pasado octubre, una convocatoria que finalmente no se produjo. Solo con motivo de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), aseguran, "el Ministerio tuvo a bien convocarnos" para las referidas reuniones del 31 de marzo y el 4 de abril, en las que no hubo "propuestas concretas", lamentan, y "no se produjo avance significativo alguno más allá del compromiso de que la Mesa se convocaría antes del 10 de mayo".

"Si su intención es tomarnos el pelo, ya saben las consecuencias"

"Nos encontramos en el mismo punto en que empezaron nuestras conversaciones con el Ministerio en abril de 2022", asegura Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, quien añade que "lamentablemente la convocatoria de la huelga es una medida que nos prepara para lo peor: que se repita ese escenario de actitud puramente dilatoria del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda". "Si de verdad quieren evitar que esto se produzca -les emplaza el portavoz judicial- tienen margen más que suficiente, pero si su intención es nuevamente tomarnos el pelo entonces ya saben cuáles serán las consecuencias a las que se enfrentarán".

Desde el Ministerio de Justicia apuntan que siguen "con la misma voluntad negociadora de siempre y con la mirada puesta en todo momento en el servicio público" y, como muestra, ponen en valor que la mesa de retribuciones "ya está convocada ya para el 3 de mayo". Pero fuentes del departamento que dirige Pilar Llop señalan que la voluntad negociadora "tiene que estar presidida por la buena fe de las dos partes, lo que casa mal con las medidas de presión anunciadas" por algunas asociaciones judiciales y fiscales.

"El Ministerio de Justicia está trabajando sin descanso para mejorar el servicio público de Justicia, colocándolo en el siglo XXI y con la ciudadanía en el centro, por cuyos intereses vela en todo momento", recalcan. Y recuerdan que las tres leyes de eficiencia se encuentra "en una fase muy avanzada" de tramitación parlamentaria. "Rogamos a las asociaciones que se hagan cargo de sus propias reivindicaciones y apoyen la aprobación de estas leyes", concluyen.