Choque entre PP y PSOE por el nuevo letrado mayor del Congreso

La reunión de la Mesa del Congreso celebrada este viernes ha servido, entre otras cosas, para nombrar al nuevo letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo. El nombramiento ha estado rodeado de polémica porque el PP es crítico con el perfil escogido por la presidenta del Congreso Francina Armengol porque Galindo viene directamente del Gobierno (estaba trabajando en el Ministerio de Política Territorial) y los populares entienden que eso es una «invasión» del Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo. Pese a las críticas por las formas, lo cierto es que Galindo cumple con los requisitos legales porque el Estatuto del Personal de las Cortes Generales indica que el letrado mayor tiene que llevar más de cinco años en activo y él lleva 13.

El PP ha votado en contra de Galindo en la reunión de la Mesa y los populares justifican su decisión porque Armengol ha rechazado la búsqueda de consenso: según sostienen, ha llevado directamente a votación su propuesta, sin explorar el acuerdo con el PP. Bien es cierto también que hay algún precedente de que el nombramiento del letrado mayor ha salido adelante sin la unanimidad de la Mesa (actualmente, hay cuatro miembros del PP, tres del PSOE y dos de Sumar).

Antiguamente, se elegía como letrado mayor a quien más años llevara en el Cuerpo. Si bien, desde hace unas décadas, eso ha dejado de ocurrir y ahora hay más arbitrariedad ya que se escoge a propuesta del presidente del Congreso. Lo que también es inédito en esta ocasión es que el letrado mayor hasta ahora se había escogido entre trabajadores de las Cortes Generales; en cambio, ahora se ha acudido al Gobierno.

Galindo se va a estrenar en el cargo, previsiblemente, con la ley de amnistía. Y es que si la norma se registra en las próximas horas, probablemente tenga que elaborar una nota (trámite habitual) para que se califique en la reunión de la Mesa del martes e inicie el recorrido parlamentario hasta su aprobación. En este sentido, se mirará con lupa cuál es el pronunciamiento porque los letrados ya se mostraron en contra de la proposición de ley de amnistía de ERC en 2021.

La tensión en el Congreso parece muy lejos de amainar y crece con los tiempos de la investidura: en el PP siguen insistiendo en que Armengol debe fijar fecha para la investidura de Sánchez, pero la presidenta lo rechaza hasta que haya acuerdo con Junts para evitar una derrota.