Cifuentes calla sobre la dimisión de la delegada del Gobierno que pide la oposición

El código ético de la presidenta regional obliga a cesar a los populares imputados.

En el PP de Madrid se va a «estudiar» la situación de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, para analizar si está o no sujeta al estricto código ético que la presidenta del partido regional, Cristina Cifuentes, impuso a todos los cargos públicos populares tras ser elegida en el congreso del pasado marzo. Un código ético que impuso a todos los diputados del PP que juraron su cargo en la Asamblea de Madrid y posteriormente extendió a los cargos del Gobierno regional. En este sentido, el también investigado José Enrique Núñez suscribió sendos compromisos éticos que obligan a dejar su puesto a aquellos imputados en procedimientos judiciales por casos de corrupción. Una obligación respecto a la cual ayer Cifuentes guardó silencio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que participó a primera hora de la mañana, sí que valoró en Onda Cero la imputación de los ex secretarios generales del PP de Madrid, Francisco Granados e Ignacio González, por su supuesta implicación en dos tramas de corrupción, «Púnica» y «Lezo». En este sentido, recordó que estos casos de corrupción que están saliendo «son antiguos» y no corresponden a sus 22 meses de gestión al frente del Gobierno regional. Igualmente, recordó su política de «tolerancia cero» con los corruptos y colaboración absoluta con la Justicia. «Hay que combatir los comportamientos de los corruptos con toda la firmeza», insistió.

Por su parte, la dirección nacional del PP no se planteó ayer ninguna medida contra Dancausa porque no se la acusa de llevarse nada y fue una decisión colegiada, según indicaron fuentes del partido a Ep. En cambio, en la Asamblea de Madrid todos los grupos de la oposición demandaron una acción más contundente por parte de Cifuentes respecto a Dancausa y Núñez. En este sentido, tanto PSOE como Podemos y Ciudadanos reclamaron la comparecencia de la delegada del Gobierno en Madrid ante el Congreso de los Diputados para explicar su implicación en un presunto delito societario en Mercamadrid. Asimismo, PSOE y Podemos exigieron a la presidenta de la Comunidad que reclame al Ministerio de Hacienda –de quien depende Dancausa– la dimisión de la delegada y se la pida a Núñez.