La Comisión de Venecia también pone la lupa en las comisiones de investigación a los jueces

El jueves 8 y viernes 9 de febrero, la Comisión de Venecia cumplió con una apretada agenda de encuentros durante su visita a Madrid. En las reuniones que celebró entonces con diversos actores, los representantes del Poder Judicial desempeñaron un papel fundamental para alertar sobre el deterioro del Estado de derecho en España y también de los problemas que podrían tener que enfrentar los jueces españoles si se les obligaba a acudir a las comisiones de investigación parlamentarias. La Comisión también ha criticado estas instancias.

Estas comisiones fueron parte de lo pactado entre PSOE y Junts en los acuerdos de investidura y suponían, tal como alertaron en noviembre diferentes actores, un ataque frontal a las decisiones adoptadas en los tribunales y a la separación de poderes.

En su dictamen, cuyas principales líneas se han dado a conocer hoy a través del Consejo de Europa, del que depende, señala que las comisiones de investigación creadas por el Congreso de los Diputados recuerda que el objetivo principal de este tipo de entidades es supervisar y controlar la labor del Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, recomienda que estas comisiones de investigación no reciban el mandato de convocar, ni siquiera de invitar a los jueces a informar, en particular sobre el fondo de sus casos, a cualquier persona ajena al Poder Judicial.

Se trata de un claro respaldo a la labor de los jueces y los tribunales frente a los ataques de los que han sido objeto desde la sede parlamentaria, principalmente por los diputados de partidos independentistas, pero también por parte de otros socios de Gobierno. De hecho, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha señalado con nombre y apellidos a varios jueces que han tenido que decidir sobre causas del "procés" e incluso les ha insultado.

Durante la visita de la Comisión de Venecia a Madrid, representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las asociaciones judiciales plantearon asuntos relacionados con el pacto político que dio origen a la ley y los acontecimientos que se han derivado de ello: acusaciones de «lawfare», entendida como instrumentalización política de los tribunales; creación de comisiones para investigar a los jueces; insultos y señalamientos con nombre y apellidos a magistrados que han sido parte en las causas del «procés» en boca de diputados y de miembros del Ejecutivo, entre otros asuntos.

Todo ello fue relatado a los seis integrantes de la Comisión, a la que alertaron del ataque sin precedentes al Poder Judicial y un deterioro del Estado de derecho que se ha fraguado en los últimos meses.