Canarias vuelve a hablar claro y Madrid, como siempre, promete estudiar. Esa es la tónica que se repite una y otra vez en la relación entre el Archipiélago y el Gobierno central. El presidente canario, Fernando Clavijo, acudió a la reunión con Pedro Sánchez, en Lanzarote, aprovechando su estancia veraniega, con una batería de propuestas concretas y urgentes, pero se marchó sin compromisos firmes –como casi siempre–. El jefe del Ejecutivo, una vez más, se limitó a tomar nota y prometer que «lo estudiará». Mientras, la presión migratoria, la emergencia social y los compromisos económicos pendientes en la Agenda Canaria siguen ahogando a las islas.

Tras más de una hora de reunión «afable» pero poco resolutiva, Clavijo puso sobre la mesa la necesidad de un decreto ley canario que aglutine todas las medidas incluidas en la Agenda Canaria. Asuntos como la reconstrucción de La Palma, el 60% de bonificación del IRPF, el colapso en la atención a menores migrantes no acompañados o la falta de infraestructuras hidráulicas y energéticas, siguen sin materializarse mientras el Gobierno de España esquiva decisiones y evita asumir responsabilidades.

Canarias soporta actualmente la mayor presión migratoria de su historia reciente. Según datos del propio Gobierno regional, en lo que va de año han llegado más menores migrantes que los que han sido trasladados a otras comunidades autónomas. «Si esto sigue así, a final de año estaremos peor que al principio», denunció Clavijo.

Pese a tres autos del Tribunal Supremo que obligan al Estado a asumir su competencia exclusiva en materia de asilo y protección internacional, el Gobierno central sigue sin implementar un sistema eficaz de redistribución. «Nosotros tenemos localizadas ONG en la Península que pueden acoger a estos menores. Si lo puede hacer Canarias, ¿cómo no puede hacerlo el Gobierno de España?», reprochó el presidente canario, quien además reveló que la ministra de Infancia le reconoció las dificultades para encontrar plazas en territorio peninsular.

La pasividad de Madrid es, a ojos de Clavijo, no solo un incumplimiento legal, sino un atentado moral: «El interés superior del menor sigue estando en peligro». La comunidad autónoma ha tenido que recurrir a los medios y a las ONG para lograr salidas que el Estado debería estar facilitando.

Ante la parálisis legislativa nacional y la falta de presupuestos, Clavijo propuso a Sánchez la elaboración de un decreto ley específico para Canarias que concentre todas las medidas urgentes e inaplazables. Entre ellas:

–Reactivación de la reconstrucción de La Palma.

–Bonificación del 60% del IRPF para los residentes canarios.

–Uso de los remanentes regionales para inversiones clave, especialmente en emergencias hídricas y energéticas.

–Pago de los fondos pendientes del POSEI adicional, crucial para el sector primario.

–Adelanto de los 20 millones del convenio de obras hidráulicas.

–Dotación para infraestructuras energéticas portátiles ante los reiterados «ceros energéticos» en islas como La Palma, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura.

La respuesta de Sánchez, sin embargo, fue tibia: el presidente del Gobierno se limitó a decir que «lo estudiará», sí, una vez más y solo cuando se reanuden los Consejos de Ministros.

Más allá de la inmigración, el Ejecutivo autonómico denuncia graves retrasos en las partidas presupuestarias estatales destinadas a planes de empleo, lucha contra la pobreza y vivienda pública. Tal como advirtió Clavijo, «si los fondos llegan al final del año, ejecutar los programas es prácticamente imposible». La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado ha sido la excusa perfecta para frenar compromisos adquiridos con la comunidad insular.

En vivienda, por ejemplo, la falta de financiación impide avanzar a la velocidad que requiere la emergencia habitacional en las islas. «Queremos utilizar remanentes de los cabildos y ayuntamientos para impulsar vivienda pública, pero necesitamos apoyo estatal», reclamó Clavijo, recordando que ya hay acuerdos firmados, pero no ejecutados.

Otro punto crítico abordado en la reunión fue la posible reforma del modelo de reparto de fondos europeos, que amenaza con dejar a Canarias sin el tratamiento diferenciado que le otorga su estatus de región ultraperiférica (RUP). Clavijo advirtió de que si los fondos se transfieren únicamente al Estado español sin garantizar su destino final, se romperá el modelo de la Europa de las regiones. «Sería la desaparición de facto de las regiones ultraperiféricas. Estamos hablando de casi 5.000 millones de euros en juego», señaló.

Clavijo fue claro: el tiempo pasa y los compromisos del Estado con Canarias «no se cumplen». La falta de prespuestos, la ausencia de voluntad para implementar políticas urgentes y el cumplimiento de las sentencias judiciales sobre menos migrantes no acompañados dibujan un escenario de abandono institucional. El presidente canario cerró su comparecencia con una declaración que resume el hartazgo creciente: «Queremos que haya presupuestos, claro que sí, pero no vamos a dar nuestro voto si no hay justicia con Canarias. Y si no se cumple la Agenda Canaria, no habrá respaldo».