Condenados 15 etarras por once asesinatos desde el alto el fuego seguirá ajustada a la ley

La Audiencia ha dictado 29 sentencias condenatorias por 26 atentados desde octubre de 2011.

El cese definitivo de la «actividad armada» anunciado por parte de ETA en octubre de 2011 no ha interferido, como no podía ser de otra manera, en la respuesta del Estado de Derecho a la actividad terrorista. Jueces, fiscales y asociaciones de víctimas del terrorismo han seguido haciendo su trabajo desde entonces para sentar en el banquillo a miembros de ETA y sus colaboradores por atentados cometidos a partir de finales de los años 90. De hecho, desde que los terroristas hicieron público ese alto el fuego la Audiencia Nacional ha dictado 29 sentencias condenatorias por 26 atentados, cometidos entre junio de 1986 y junio de 2009, en los que fallecieron 35 personas, entre ellas el comandante Luciano Cortizo, el guardia civil Antonio Ramos, el concejal del PSE en Mondragón (Guipúzcoa) Isaías Carrasco, el empresario vasco Ignacio Uría y el inspector de Policía Eduardo Puelles.

Algunos de estos fallos condenatorios han sido especialmente significativos para las víctimas, pues respecto a nueve de esas acciones terroristas no existía con anterioridad ninguna condena por la autoría material de las mismas. Desde que ETA dejó de matar a finales de 2011, esas resoluciones han supuesto –según los datos recopilados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)– la condena de 15 etarras (cuatro de ellos por dos atentados) como autores de once asesinatos. En otros dos juicios, por contra, el tribunal dictó sentencias absolutorias.

«Las víctimas del terrorismo merecen un final de ETA con ley y justicia. Lo contrario sería un falso final –afirma la abogada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara–. Con independencia de lo que hagan los terroristas, es fundamental que los poderes del Estado sigan activos en la persecución de los delitos de terrorismo: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, deteniendo a todos los etarras con causas pendientes y los jueces y fiscales, haciendo todo lo posible por sentarles en el banquillo».

Es precisamente el esclarecimiento de los asesinatos de ETA sin resolver uno de los principales empeños de las asociaciones de víctimas, que estiman que quedan aún entre 311 y 379 atentados de la banda terrorista sin autor conocido, más de un tercio de ellos ya prescritos. Para el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, «lo más doloroso es ver a un terrorista en la calle sabiendo que es culpable y la familia no ha obtenido justicia porque los hechos han prescrito, como ocurre con “El carnicero de Mondragón”».

La primera condena tras el alto el fuego se produjo apenas siete meses después, en mayo de 2012, cuando la Audiencia Nacional impuso una pena de 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi y Óscar Celarain como autores del atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante), en agosto de 2002, en el que fallecieron Cecilio Gallegos y la niña Silvia Martínez, de seis años.

Otra de las resoluciones que permitió terminar con la impunidad de un atentado mortal, el de Ignacio Uría, se dio a conocer en marzo de 2013, cuando la Audiencia Nacional condenó a 44 años de prisión al ex miembro del «comando Ezusta» Manex Castro por secuestrar al dueño del coche desde el que se disparó al empresario. Cuatro años más tarde, los etarras que asesinaron a Uría, Beñat Aguinagalde y Joanes Larretxea, también fueron condenados por estos hechos.

Las condenas por los asesinatos del inspector Eduardo Puelles en junio de 2009, del brigada Luis Conde de la Cruz en septiembre de 2008 y del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, en enero de 2000, también se han producido tras el anuncio de cese definitivo de la violencia etarra. Por los dos primeros fueron condenados los ex integrantes del «comando Otazua» Iñigo Zapirain, Beatriz Etxebarria y Daniel Pastor, mientras que por el tercer atentado, que supuso la ruptura de la tregua decretada por ETA en 1998, la Audiencia Nacional impuso penas de más de 120 años de prisión a los etarras Gorka Palacios, Ana Belén Egüés, Iván Apaloaza y Juan Luis Rubenach.