El Congreso aprueba la última concesión de Sánchez a Puigdemont: la imposición del catalán en las empresas

El Gobierno ha logrado este jueves la que probablemente sea una de sus últimas victorias parlamentarias. La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, una norma que llevaba casi tres lustros en el cajón, ha salido adelante gracias al voto de Junts. Y eso que el PSOE, en su momento, renegó de ella.

El apoyo de los posconvergentes, el último, probablemente, que darán a Pedro Sánchez, llegó a cambio de una concesión: la obligación de que las grandes empresas atiendan a sus clientes en las lenguas cooficiales. Una enmienda introducida a última hora, con la que Moncloa se aseguró el sí de Míriam Nogueras y los suyos. Será, junto a la Ley del Cine, la de Economía Social y el decreto ELA, de las pocas iniciativas del Ejecutivo que contarán ya con el aval de Junts tras su ruptura con el Gobierno.

La disposición ha provocado malestar en la patronal, que advierte del coste que supondrá para las empresas, y también incomodidad en el propio PSOE. La medida afectará a todas las compañías con más de 250 empleados, 50 millones de facturación o aquellas que operen en sectores de interés general —energía, transporte o servicios postales—. Deberán garantizar atención en catalán, euskera o gallego cuando el cliente lo solicite, siempre que el bien o servicio se adquiera en una comunidad con lengua cooficial.

El alcance de la norma es, además, nacional. Por ejemplo, una empresa con sede en Burgos deberá disponer de personal capaz de atender a un cliente en gallego o vasco en su propio idioma. La idea encendió las alarmas en varios barones autonómicos del PSOE, que presionaron a Moncloa para rebajar la exigencia. Pero la enmienda sobrevivió tal y como la planteó Junts. Ya en su momento, ERC acusó a los de Puigdemont de adueñarse de una medida pactada también con ellos, con Bildu y con BNG.

La norma, que había nacido en tiempos de Leire Pajín y se frustró en distintas legislaturas, ha encontrado ahora su vía de salida bajo el mando del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. El dirigente de Sumar ha hecho de este texto una bandera de su gestión.

Las claves de la nueva Ley de Atención al Cliente: lenguas cooficiales obligatorias y sin spam

Entre sus principales medidas, la ley pone fin al bombardeo de llamadas comerciales. Las empresas deberán identificar sus llamadas con un prefijo específico y las operadoras estarán obligadas a bloquear aquellas que incumplan la norma. Las consultas de los clientes deberán resolverse en menos de tres minutos y, si el consumidor pide ser atendido por una persona, la empresa no podrá derivarle a un sistema automatizado o de inteligencia artificial.

El texto fija también un plazo máximo de quince días para resolver reclamaciones —cinco si se trata de cobros indebidos— y actúa sobre el comercio electrónico, otro de los frentes prioritarios para Consumo. Prohíbe la escalada de precios durante el proceso de compra y veta las reseñas publicadas en los 30 días posteriores a la adquisición de un producto, para evitar su compraventa. Además, las empresas no podrán renovar automáticamente suscripciones o contratos sin aviso previo: deberán notificarlo al cliente con al menos quince días de antelación.

Con esta ley, el Ejecutivo salva una pieza más de su agenda legislativa en el ocaso de la legislatura. Una victoria trabajada y discutida, pero que Moncloa vende como símbolo de un Gobierno que, pese a la ruptura con sus socios, aún mantiene pulso parlamentario.

Las empresas afectadas por el acuerdo entre Junts y el PSOE

La nueva concesión del presidente del Gobierno a los independentistas supone nuevos gastos para las empresas o en su defecto para los trabajadores que deberán invertir en aprender la lengua. A diferencia de las percepciones de la entidades, desde los miembros de Junts se señala que el cambio "supone un cambio de paradigma" con el que "se pone por delante el derecho del consumidor", sin que el uso del catalán dependa de la buena voluntad de la empresa o de la ubicación territorial.

En este sentido, la formación ha facilitado un listado con las entidades que deberán cambiar sus hábitos. Se encuentran las corporaciones dedicadas a los servicios básicos del hogar -luz, gas, agua o teléfono-; los servicios públicos como las aerolíneas, ferroviarias o los conductores de los autobuses.

De la misma manera, los trabajadores de Correos, las entidades financieras o los empleados de las aseguradoras deberán aprender las nociones básicas de la lengua. Independientemente del sector, las empresas que cuenten con más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones de euros anuales se verán afectadas.