Constitucionalistas, a defenderse

La política española se juega entre constitucionalistas y rupturistas desde que Sánchez llegó al poder en 2018. Todos los análisis que se hagan sobre la base de izquierda y derecha, o progresistas y conservadores, no sirven. Es más; la cantinela del gobierno sobre la «mayoría progresista» es un camelo, a no ser que el progreso sea establecer un proceso constituyente por la puerta de atrás, sacralizar la desigualdad entre los ciudadanos, y poner el sistema al servicio de la ambición de una persona.

Una vez que Urkullu ha presentado un plan para romper la Constitución y ahondar la diferencia, es imposible que el PP llegue a un acuerdo con ellos. Al tiempo, el acercamiento entre Puigdemont y Sánchez es evidente. La amnistía está hecha. El PSOE cuenta con poderosos juristas partidarios del derecho creativo; esto es, de interpretar la ley en beneficio del Gobierno para que llegue a acuerdos con quien sea. En esta circunstancia Feijóo no conseguirá la investidura. Sin el PNV no tiene los cuatro que necesita, y los nacionalistas vascos, por contra, se han mostrado proclives a pactar con Sánchez. ¿Y qué decir de Junts? A Feijóo no le merece la pena sentarse con Puigdemont o sus delegados a negociar, y defraudar a media España y a una parte del PP, incluido el catalán.

En suma, a Feijóo le toca armar bien la oposición contando con que el sanchismo tiene una envidiable maquinaría propagandística. El mensaje socialista es el de un Feijóo aislado, atado a los «ultras» de Vox, sin proyecto ni confianza dentro del partido. El objetivo final es conseguir una crisis interna en el PP, el cuestionamiento del liderazgo de Feijóo y la apertura de la sucesión. Sería la mejor manera de quedarse sin oposición durante un tiempo.

El reto del PP, por tanto, es apretar filas y afrontar la nueva fase del proceso constituyente en el que Sánchez nos ha embarcado, que es el Estado plurinacional. Es posible que Junts se contente con la amnistía, pero su concesión es el paso, junto a la propuesta del PNV, para asentar que la democracia del 78 está agotada, y que las autonomías, la independencia judicial y la monarquía parlamentaria son cosas del pasado. La concesión de la amnistía y su argumentación gubernamental supondrá conceder que los rupturistas siempre han tenido razón.

Por eso sería conveniente que el PP hiciera recuento de su arsenal, como son el Senado y las autonomías que gobierna, y que comenzara a tener un discurso contundente contra el rupturismo, basado en la defensa de la Constitución y de su espíritu. La obligación de un partido liberal conservador, democrático y legalista, es sostener el orden constitucional cuando su alternativa es el autoritarismo y el sectarismo etnolingüístico, la negación de la soberanía española, y la vuelta al siglo XVIII como sugiere Urkullu.

Argumentos no faltan. El PSOE quiere una España con privilegios para vascos y catalanes, lo que rompe más la igualdad de los españoles ante la ley y abre las puertas a la secesión. Por otro lado, el ejemplo de un Tribunal Constitucional puesto al servicio del Gobierno debe alertar sobre la renovación del CGPJ o el establecimiento de Altos Tribunales independientes en las autonomías. No cabe olvidar que el autoritarismo se caracteriza por colonizar el Estado para ponerlo al servicio del Gobierno, y por eso la defensa de la independencia judicial ha de ser una prioridad.

La monarquía parlamentaria, por añadidura, es la garantía de la independencia de las instituciones arbitrales. Todo cambio que la desautorice es barrenar la democracia constitucional. Por eso han aumentado los ataques de los nacionalistas y de la extrema izquierda a Felipe VI desde 2017, y ahora por la decisión de proponer a Feijóo y no a Sánchez. Si falla la investidura del candidato popular, como todo apunta, el plan B, resistir al rupturismo autoritario, es un buen servicio al país y a la libertad.