La negativa de Víctor de Aldama a atender el acto de conciliación al que fue convocado por un juzgado de Madrid ante la demanda del PSOE le abrió la puerta al partido a interponer querella por sus duras acusaciones. Sin embargo, la batalla judicial de la formación socialista contra el empresario no va a poder despegar si el magistrado del caso Koldo, Leopoldo Puente, mantiene su rechazo a que el partido se querelle contra él.

El pasado 22 de noviembre, un día después de la primera confesión en sede judicial de Aldama, el PSOE le demandó en los tribunales por la "palmaria gravedad y trascendencia" de sus manifestaciones. Los servicios jurídicos del partido actuaron en nombre de la formación política como persona jurídica, pero también en defensa de Pedro Sánchez; su mujer Begoña Gómez, del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; del secretario general del PSOE, Santos Cerdán; de la vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero; y del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Todos ellos aparecieron a lo largo de su densa confesión ante el magistrado del caso Koldo en la Audiencia Nacional. Aldama, que propició esta comparecencia tras anunciar su intención de colaborar con la Justicia, desveló detalles de la investigación desconocidos hasta el momento apuntando a una presunta financiación irregular del PSOE, así como al cobro de mordidas que atribuyó a Santos Cerdán y a la mano derecha de Montero en Hacienda, Carlos Moreno, de 15.000 y 25.000 euros, respectivamente. De Torres dijo que Koldo le pidió 50.000 euros para dárselos en agradecimiento por contratar a una empresa amiga en pandemia, pero que él se negó.

Sin posibilidad de acuerdo

Además, alegó que conoció a Pedro Sánchez en el reservado de un acto del PSOE en 2019, al que acudió por orden suya para felicitarle por sus gestiones en el extranjero en favor de empresas españolas. También apuntó que Begoña Gómez tuvo encuentros con la entonces ministra Teresa Ribera para que el Ministerio para la Transición Ecológica le financiara un proyecto sobre la España vaciada. Una iniciativa, dijo, que iba a impulsar con Javier Hidalgo (Globalia), empresario que se reunió en secreto con Gómez en los meses previos al rescate de Air Europa.

Se trata de confesiones de calado que dieron alas al caso Koldo, aunque provocaron que el PSOE acudiera a los tribunales para reclamar un acto de conciliación. "Las manifestaciones son rotundamente falsas. Son difamatorias, injuriosas y calumniosas y atentan de manera absolutamente grave contra el honor de importantes miembros del Gobierno y del PSOE con la clara intencionalidad de afectarles", plasmó.

De hecho, en su demanda ya adelantó su intención de interponer querella por injurias y calumnias en caso de que no prosperara el acto de conciliación previo que se celebra en estos supuestos. Como desveló LA RAZÓN, la demanda recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Madrid número 86, el cual citó a las partes el 4 de marzo. El juzgado se vio obligado a posponer la diligencia por un error en la notificación a Víctor de Aldama y les emplazó de nuevo el 23 de abril. Como era de esperar, el acto no prosperó ya que la defensa del empresario no se presentó a la comparecencia, lo que imposibilitó que se alcanzara un acuerdo.

El Supremo se opone a la querella

Cumplimentado pues el trámite que contempla el artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el PSOE tenía vía libre para interponer querella contra el empresario. Sin embargo, el criterio del Tribunal Supremo puede frenar su cruzada contra él en los tribunales. El pasado enero, Leopoldo Puente, el magistrado que investiga la derivada del caso Koldo en el alto tribunal, cerró la puerta al PSOE a actuar por este camino advirtiendo de que la apertura de nuevas diligencias podría afectar el devenir de esta causa de corrupción.

El PSOE se dirigió a Puente después de que Aldama compareciera en el Tribunal Supremo en diciembre. En esta segunda confesión judicial, el conseguidor amplió su relato contra el Gobierno y añadió, además, que la trama habría abonado al PSOE parte de las comisiones que se habrían granjeado con el amaño de adjudicaciones del Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos. Según explicó, Koldo García, asesor entonces del exministro, le precisó que una parte fija iba siempre para el partido. Preguntando por la cuantía total de estos presuntos sobornos, Aldama dijo que podrían alcanzar los 4 millones de euros.

Tras estas nuevas declaraciones, el PSOE solicitó al magistrado la oportuna licencia para interponer querella. El instructor, siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, negó la pretensión explicando que Aldama había conferido estas duras acusaciones en sede judicial y que si se regula la petición del permiso previo a la interposición de querella es precisamente para proteger el derecho de defensa del contendiente "frente a posibles acciones penales prematuras o injustificadas".

Al respecto, hizo hincapié en que el empresario se estaba inculpando con sus revelaciones y recordó que la causa estaba en un punto muy embrionario que hacía necesario contrastar si las mismas eran ciertas o no. El magistrado se refirió expresamente a cuatro personas clave señaladas por Aldama: Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y Ángel Víctor Torres. De los dos últimos dijo entonces que solo tenía como indicios las manifestaciones de Aldama, aunque ello no significaba que sus acusaciones contra la plana mayor del PSOE fueran ajenas al procedimiento.

El informe de la UCO sobre Cerdán y Torres

"Ni puede asegurarse, en términos de razonabilidad, la falsedad de la imputación, ni es procedente otorgar, en este momento, la preceptiva licencia para interponer querella por calumnias", respondió Puente al PSOE, al que le recordó que abrir una causa paralela por injurias generaría "inaceptables disfunciones procesales" en su causa, puesto que Aldama se vería obligado a probar sus manifestaciones en el nuevo caso que impulsara la formación socialista.

No obstante, precisó que esta denegación no tenía carácter definitivo. Si el caso Koldo llegara a su fin y no se hubieran podido probar las duras acusaciones que vertió el empresario, podría otorgar la licencia a la formación socialista. Por tanto, Puente fue claro en cuanto a que su negativa cerraba "provisionalmente el paso a la admisión de la querella", sin descartar que se pudiera presentar en un momento posterior.

Con todo, en estos meses de instrucción, el caso Koldo ha protagonizado ciertos avances tras las confesiones de Aldama. Aunque en enero Puente era claro acerca de que sus manifestaciones no tenían apoyo fáctico, a día de hoy considera que algunas de sus revelaciones sí se han respaldado con el testimonio de testigos que han declarado recientemente, como el relativo a su mano derecha, Alberto Escolano, o el de la expareja de Ábalos, Jesica Rodríguez, entre otros. Además, la pericial caligráfica practicada a Koldo García demuestra que, efectivamente, la letra que consta en los papeles que entregó Aldama sobre el presunto amaño de los contratos de obra era suya.

Además, el Tribunal Supremo está a la espera de adherir un informe que Puente encargó a la UCO y que afecta de lleno a Cerdán y Torres. Tanto Anticorrupción como la Sala de lo Penal han avalado la pertinencia de esta diligencia, que ordenó el instructor para esclarecer si en los móviles de Aldama, Ábalos y Koldo García hay mensajes de los dos aforados. Fuentes de la investigación confirman a este medio que la Guardia Civil ultima ya la entrega del documento.