Cuidar nuestra Constitución, por Albert Rivera

Es de justicia honrar la Carta Magna pero los poderes públicos debemos garantizar ahora su aplicación en toda su extensión y en todos los lugares del país.

La Constitución española de 1978 es una de las mejores del mundo. Eso es una realidad jurídica, política e histórica irrebatible. Fuerte y a la vez dinámica, con una completa y avanzada carta de derechos y libertades, nos ha proporcionado 40 años de paz, prosperidad, crecimiento y libertad, seguramente los mejores de nuestra historia. Así que el de hoy es un día de celebración, tenemos que estar muy orgullosos de ese gran acuerdo fraguado en la Transición, una suma de renuncias que cuajó en la semilla de lo que hoy es nuestra nación: una de las democracias más avanzadas del planeta, un extraordinario lugar para vivir.

Con esta Carta Magna, España está mucho mejor que hace cuatro décadas en todos los aspectos y plenamente integrada en ese magnífico invento del hombre que es la Unión Europea. Es de justicia reivindicarla y defenderla, honrar a quienes la hicieron posible, trasladar a las nuevas generaciones la importancia capital de su permanencia. Pero los poderes públicos debemos también garantizar su aplicación en toda su extensión y en todos los lugares del país. Esa es a día de hoy la principal obligación que tenemos contraída con la Constitución. Porque desgraciadamente hay políticos trabajando sin descanso por liquidarla y vulnerándola con impunidad. Precisamente esto, que nacionalistas y populistas quieran destruirla, es otra prueba más del gran servicio que la ley de leyes hace a nuestra democracia. Si los Torra, Puigdemont, Rufián, Otegi y compañía trabajan para acabar con ella es porque garantiza la unión entre españoles, la igualdad ante la ley, el blindaje del Estado de derecho. Por eso los constitucionalistas tenemos que estar juntos en la defensa y aplicación de la Carta Magna, y no legitimar a sus adversarios. Estar con la Constitución de 1978 y frente a sus enemigos es estar en el lado correcto de la Historia. Se lo debemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a esa sociedad que hace 40 años dio una lección al mundo e hizo posible una ejemplar transición de la dictadura a la democracia. Y también a nuestros hijos, a los españoles más jóvenes, a quienes solo legaremos una España mejor si aseguramos la vigencia del marco constitucional.

Con todo, los liberales miramos siempre al futuro con espíritu de reforma. Cuarenta años después, es momento también de analizar qué partes de la Carta Magna pueden mejorarse y actualizarse para que esa gran obra colectiva no pierda vigor. Una reforma que debe abordarse para satisfacer al pueblo español, no para contentar a quienes quieren liquidar la nación, y con dos orientaciones fundamentales.

Primero, garantizar la igualdad entre españoles. Los sucesivos gobiernos bipartidistas han confundido descentralización con fragmentación, poniendo en jaque la igualdad. Tenemos que ponernos de acuerdo para asegurar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos en educación, sanidad, dependencia o justicia, entre otros. Siguiendo siempre aquel camino que tan bien describió Ortega: «No es necesario ni importante que las partes de un todo social coincidan en sus deseos y sus ideas; lo necesario e importante es que conozca cada una, y en cierto modo viva, los de las otras”.

En segundo lugar, hay que regenerar la vida pública para que los españoles vuelvan a depositar toda su confianza en sus instituciones. Hay que eliminar el privilegio político del aforamiento, una anomalía con la que hay que acabar del todo, sin trampas ni estafas como la que pretende perpetrar Pedro Sánchez. O cambiar el sistema electoral para que el voto de todos los españoles valga lo mismo, se implanten las listas abiertas y se fije un mínimo electoral para poder entrar en el Congreso: quien quiera estar en la sede de la soberanía nacional debe defender el interés nacional y sacar votos en toda España. O abordar de una vez la reforma o el cierre del Senado, que en vez de funcionar como una verdadera Cámara de representación territorial se ha convertido en un cementerio de elefantes vacío de competencias. O emprender la necesaria despolitización de la justicia para que sean los propios jueces, y no los políticos, quienes elijan al gobierno del Poder Judicial.

En definitiva, se trata de buscar una reforma que vuelva a unir a los españoles y no trate de dividirlos, que garantice la igualdad y acabe con los privilegios y que regenere nuestra democracia para que los españoles puedan renovar su confianza en ella.