Un juzgado de Huesca ha impuesto como condena a un hombre la prohibición de acercase a menos de 500 metros al pueblo en el que vive su familia.

Esta es la sentencia que ha dictado la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Huesca Silvia Ferreruela Royo contra el varón acusado de amenazar de muerte y agredir a dos agentes de la Guardia Civil en el municipio oscense de Albalate de Cinca.

La resolución judicial considera probado que amenazó y cometió un atentado contra el par de guardias civiles, que les dejó lesiones leves.

Los hechos se remontan a una intervención policial ocurrida en la localidad del Bajo Cinca en el año 2022, donde el ahora condenado agredió a un vecino, golpeándole por la espalda con un pico, al tiempo que le gritaba que le "mataría".

Tras haber recibido el aviso de auxilio de la víctima, el agresor fue localizado y conducido a dependencias policiales por los miembros de la Benemérita. Ahí, reaccionó de forma violenta contra los agentes que le estaban leyendo los derechos tras haber recibido el aviso de auxilio de la víctima.

Según el fallo, el acusado profirió amenazas de muerte explícitas contra los guardias civiles y sus familias, llegando agredir físicamente a uno de ellos al que le esguinzó una muñeca y lesionó la rodilla. Unas lesiones que le obligaron a requerir asistencia médica.

Como parte de la condena, el tribunal ha impuesto la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros a cualquiera de las víctimas, así como la prohibición de acceder o al municipio escenario de los hechos.

Jorge Piedrafita, abogado de la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC), a la que pertenece el agente, ha puesto en valor en conversación con LA RAZÓN el intenso trabajo de la acusación para lograr una sentencia, que ya es firme, en la que se pone de relieve la especial gravedad de las amenazas y agresiones a agentes de la autoridad y los ciudadanos.

Piedrafita celebra que el fallo judicial supone un respaldo a la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y reafirma el principio de autoridad como garantía de convivencia y orden público.

"La violencia contra lo agentes de la autoridad no puede tolerarse ni quedar impune", trasladó, como reivindicación, a este diario. No sin recordar que el Ministerio del Interior sigue sin reconocer la consideración de profesión de riesgo, un paso que seguirá reclamando desde IGC.