Detenido un alto funcionario en Cantabria por la adjudicación fraudulenta de contratos

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado una trama de fraude en la contratación de obra pública en Cantabria. Han sido detenidas ocho personas, entre ellas la del funcionario responsable de emitir los informes técnicos que habrían favorecido a empresas que optaron a contratos de carreteras en la región. Igualmente, han sido detenidos los administradores de cuatro sociedades adjudicatarias de estos contratos. El juez ha enviado a prisión al funcionario y dejado en libertad con cargos tres de sus familiares directos, informa Efe, ya que estarían implicados en una trama que ha movido "millones de euros".

Las detenciones han venido acompañadas de registros en el despacho del funcionario en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, en las sedes de las empresas adjudicatarias y en domicilios particulares de los miembros de la trama. A los detenidos se les imputan los delitos de cohecho, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.

La investigación arranca en los primeros meses de 2022, cuando funcionarios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria tuvieron conocimiento de la posible participación de un alto funcionario del Gobierno de Cantabria (jefe de servicio de carreteras de la Consejería de Obras Públicas )en la manipulación de adjudicaciones de los contratos.

Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos. A su vez, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario.

Tras las primeras actuaciones, se forma un equipo conjunto con la UDEF de Policía Nacional y se judicializan las actuaciones, que desde ese momento dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.

Ya en un primer momento, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria pudo determinar que el grupo familiar del funcionario había experimentado un importante incremento de patrimonio no justificado durante el período 2013 a 2022, que se puede estimar en varios millones de euros.

El alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello modificaría precios, negociaría los términos de las licitaciones con empresas concertadas y haría uso de información privilegiada.

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, el principal investigado de la trama, conjuntamente con su entorno familiar, habría diseñado una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales. Asimismo, se ha podido constatar que el citado entorno familiar disfrutaba de diversas dádivas y de un vehículo cuyo contrato de renting era abonado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos de obra pública en cuyos informes técnicos participaba directamente el funcionario.