Los cinco trabajadores del Centro de Acogida de Menores de la localidad aragonesa de Ateca (Zaragoza) investigados por torturar, agredir sexualmente, lesionar y actuar contra la integridad moral de dos menores residentes en dicho centro se encuentran ya en prisión provisional.

Tras ser detenidos y haber sido puestos a disposición judicial, el director, dos educadores y dos auxiliares de este CAM han sido trasladados a la prisión de Zuera.

Se les investiga por haber sometido a "maltrato físico y psicológico, así como atentados a la indemnidad sexual" de forma "continuada y permanente en el tiempo" contra una menor de 17 años y otro de 16. Ambos han declarado que son más los menores que sufrieron violencia por parte de estos trabajadores.

Lo hicieron teniendo conocimiento de ello el quinto arrestado, el director, que, según el relato de las víctimas, desde su llegada al centro hace un año "mostró una despreocupación absoluta" hacia la situación de los menores y protegió laboralmente a los educadores y auxiliares implicados.

Por ello, la jueza instructora, Aida Ramírez, le considera cooperador necesario de un presunto delito contra la integridad moral.

Unos hechos que la titular del Juzgado Mixto número 2 de Catalatayud ha calificado de "barbarie y extrema crueldad" y que fueron ratificados en sede judicial tanto por la psicóloga como por el enfermero del centro.

A este último, el director del CAM le pidió que redactase un informe en el que no se recogiesen las lesiones que le fueron causadas a ambos menores. Una falsificación de documento que el sanitario se negó a realizar.

También se les investiga por corrupción de menores y formar parte de una organización criminal. La jueza ha dictado esta mañana a través de un auto como medidas cautelares el cierre provisional del centro.

En dicho auto dictado la instructora señala que "existen indicios suficientes de los que se infiere racionalmente" la comisión de estos delitos por parte de los cinco investigados.

Así se deduce, señalan fuentes judiciales, del contenido de las exploraciones realizadas a los menores denunciantes, de las declaraciones como testigos practicadas al personal que trabaja en el centro, de los informes forenses y de los datos que conforman el atestado policial.

Los familiares de uno de los internos ya habían denunciado previamente estos hechos. La investigación se inició por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza a raíz de la denuncia ante la Policía Nacional por la madre de otro menor interno de las supuestas lesiones que habrían causado a su hijo educadores y auxiliares de este centro concertado de Ateca que gestiona la fundación Salud y Comunidad y el grupo Lagunduz.

Los investigadores han comprobado que los educadores le sometieron a tratos vejatorios y degradantes, que incluyeron golpes, así como episodios de aislamiento en los que tapaban la ventana de la puerta y le encerraban con llave para después agredirle.

De igual forma, habrían ejercido sobre el menor inmovilizaciones físicas sin que fueran registradas -como obliga la normativa- y con la connivencia del responsable del centro de menores.