Díaz cede e IU gana el pulso

«Decreto de la Presidenta 2/2014, de 11 de abril, por el que se deroga el Decreto de la Presidenta 1/2014, de 10 de abril, por el que se modifica el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de consejerías». Así arranca el texto publicado a primera hora de ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) destinado a desembrollar el lío que, en teoría, ha estado a punto de fracturar el Gobierno andaluz, sustentado por PSOE-A e IULV-CA, a cuenta del desalojo policial de la Corrala Utopía de Sevilla. Con la nueva orden, Susana Díaz, restituía las competencias que hace tres días le arrebató a la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por la izquierdista Elena Cortés, a quien devolvió la facultad de adjudicar viviendas del parque público de Andalucía, tras jugar ambas formaciones a lanzarse órdagos.

El acuerdo alcanzado de madrugada suponía el realojo provisional de ocho de las 22 familias del colectivo que IU aseguró que se ubicarían en viviendas de titularidad pública –rebajadas luego a 17– hasta que, con carácter urgente, los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla ratifiquen su situación y acrediten de forma fehaciente el riesgo de exclusión social. ¿Por qué ésas y no el resto? Por tener menores o discapacitados a su cargo.

Según el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez, «no» se producirá «ningún realojo más». Es más, el socialista explicó que otros nueve «han sido suspendidos» y cinco familias han renunciado a la vivienda. En ese sentido, Vázquez hizo hincapié en que todos los miembros del Ejecutivo regional cumplirán «estrictamente» los «principios de legalidad e igualdad que marca la normativa autonómica» y que implican respetar la lista de 12.321 demandantes existente.

En la misma línea, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, defendió que había quedado claro «que se ha cumplido la legalidad y la igualdad de oportunidades con la anulación de nueve realojos no justificados».

Si bien, la secretaria general de Vivienda de la Consejería de Fomento, Amanda Meyer, mantuvo en varias ocasiones a través de la red social Twitter, que «el acuerdo de restitución» de competencias al departamento de Cortés incluía el «mantenimiento» de los ocho realojos mencionados, y la «búsqueda» para la ubicación de las otras nueve familias. Punto éste que confirmaron desde la CUT-BAI, corriente más a la izquierda de IULV-CA, a la que pertenenece el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. «El acuerdo pasa por buscarles una salida a las 17 familias», recalcaron.

Pese a que Meyer matizó con posterioridad en otro tuit que «la actuación» de Fomento «será acorde con la declaración del Gobierno andaluz», la cuestión no quedó muy clara. ¿Trabaja o no IU en el realojo de más familias de la Corrala? ¿A qué se deben las cinco renuncias? ¿Tendrán el perfil que Irma Blanco, militante de la coalición que trabaja en un taller del Ayuntamiento de Villaverde del Río y que rechazó la vivienda? Interrogantes como los mencionados rodearon el supuesto cierre de la crisis gubernamental. Desde la Consejería de Cortés no aclararon a quién se les habían dado las llaves, previa firma del director general, ni por qué. Unas explicaciones que justificarían, para el PSOE, la actuación de Díaz en este asunto. «Cuando la incertidumbre reina, las certezas suelen ser peores», apuntaron fuentes socialistas, en alusión a que detrás de la actuación de IU, «pudiera haber algún tipo de delito». Si bien, pese a ello, la presidenta devolvió las competencias y ambas formaciones dieron el conflicto por zanjado.

El coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, fue muy gráfico al aseverar en Málaga: «Aceitunilla comida, hueso tirado». De momento, no habrá elecciones.