Dos policías heridos en las protestas de Tsunami instan a la Audiencia a reabrir la investigación

Dos policías heridos en octubre de 2019 durante las protestas de Tsunami Democràtic contra la sentencia del «procés» no se resignan al archivo de la investigación por terrorismo contra la plataforma independentista contra la plataforma independentista, que se precipitó por haberse acordado la prórroga fuera de plazo en 2021.

Tras el carpetazo al «caso Tsunami» –que suponía un obstáculo a la amnistía de Carles Puigdemont, al tratarse de una investigación por terrorismo– tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo –que había avalado los indicios para investigar al expresident por llevar las «riendas» de la organización–, los dos agentes presentaron el pasado septiembre una denuncia por terrorismo instando a la Audiencia Nacional a investigar quién estaba detrás de la organización, financiación y planificación de los actos «violentos» protagonizados por Tsunami, que equiparaban a la «kale borroka» proetarra.

A instancias de la Fiscalía, esas diligencias se acumularon al «caso Tsunami», ya archivado, pese a lo cual los abogados de los dos policías solicitaron en diciembre al magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado de Instrucción número 6, que incorporara a la causa un informe de la Comisaría General de Información de la Policía, denominado «operación Troya», sobre la supuesta «trama rusa» del proceso independentista, que según su criterio «podría aclarar cómo era la estructura organizativa» de Tsunami y «la posible vinculación entre el delito de terrorismo y el delito de traición».

Ese informe llevó en su día al juez Joaquín Aguirre, ahora jubilado, a pedir al supremo la imputación de Puigdemont por la supuesta injerencia del Kremlin en el «procés» después de que la Audiencia de Barcelona le ordenase archivar la causa por falta de indicios. De ahí que, hace solo unos días, el alto tribunal enterrase esas diligencias sin pronunciarse siquiera sobre una posible imputación del expresident.

Terrorismo y alta traición

Pero los dos policías consideran que ese informe, que la Audiencia Provincial de Barcelona no vio suficiente para investigar a Puigdemont, sí resulta «relevante» para relanzar el «caso Tsunami» en la Audiencia Nacional. Según puso entonces de relieve su representación jurídica, que ejercen los letrados José María e Ignacio Fuster-Fabra, de los documentos que incorpora ese análisis policial «se desprende que los actos de terrorismo pudieron tener intervención de potencias extranjeras», que estarían «incardinadas tanto en una posible investigación por terrorismo, en la modalidad urbana, como por traición».

El pasado 19 de febrero, el instructor rechazó sin embargo esa petición, como también el recurso de reforma interpuesto contra la misma por ambos agentes, que ahora dejan en manos de la instancia superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la reapertura del «caso Tsunami»».

En su recurso, refieren los altercados violentos en los que resultaron heridos –unas lesiones que les acarrearon secuelas psicológicas y que obligaron a uno de ellos a jubilarse de forma prematura– el 18 de octubre de 2019 en los aledaños de la Jefatura Superior de Policía en la Vía Layetana de Barcelona.

Durante esos incidentes, recuerdan, los radicales «comenzaron a lanzar objetos contra las Fuerzas de Seguridad: botellas de cristal llenas, piedras, tornillería pesada, rodamientos metálicos, latas de cerveza y adoquines». Llamando la atención sobre el hecho de que «operaban en células de trabajo comunicadas entre sí, coordinaban ataques y defensas mediante señales y disponían de material avanzado, incluso explosivos». Ese nivel de organización, subrayan, «superaba lo que podría considerarse un mero desorden público, asemejándose a las tácticas de la “kale borroka“».

Esos hechos, hace hincapié, «fueron calificados como actos de terrorismo por parte de distintas instituciones del Estado». La propia Fiscalía lo consideró así en julio de 2023, como también el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

"Esencial y esclarecedor"

Según ponen de relieve, la incorporación de ese informe sobre la «trama rusa» en el desafío soberanista resulta «esencial y esclarecedor para la continuación del procedimiento» porque del documento «se desprende que los actos de terrorismo ocurridos en Cataluña podrían haber contado con la participación de potencias extranjeras, estableciendo una conexión directa entre el delito de terrorismo, en su modalidad urbana, y el delito de traición”.

Esa supuesta conexión, incide, “justifica la intervención del juzgado para esclarecer los acontecimientos, pues no solo estaríamos ante un posible delito de terrorismo en, su modalidad urbana, sino también ante un presunto delito de traición, reforzando la necesidad de realizarse una investigación más exhaustiva».

Sus abogados explican que su intención no es "la reapertura de procedimientos que ya han sido objeto de amnistía, ni tan siquiera de aquellos relacionados con hechos ocurridos en Cataluña que ya han sido previamente investigados", sino que su propósito es que la Audiencia Nacional "inicie la instrucción de unos hechos nuevos que no han sido objeto de investigación hasta la fecha".

Con ese objetivo, invocan el derecho a la tutela judicial efectiva, que según argumentan ampara a los dos agentes a la hora de "emprender todas las acciones legales destinadas a conocer quiénes fueron los autores materiales" de esos altercados, "así como quienes planificaron dichas actuaciones, cuyo origen deriva en una organización que ha sido considerada terrorista en diferentes resoluciones como es Tsunami Democratic".