Dos policías heridos en las protestas de "Tsunami" intentan reabrir la investigación con una denuncia por terrorismo

Dos policías heridos en las protestas impulsadas por Tsunami Democràtic en octubre de 2019 contra la sentencia del «procés» han presentado una denuncia por terrorismo en la Audiencia Nacional para que se investigue quién está detrás de la organización, financiación y planificación de unos actos «violentos» que equiparan con la «kale borroka» de los cachorros de ETA. Los dos agentes intentan así reabrir la investigación del «caso Tsunami», que el juez Manuel García Castellón se vio obligado a archivar por orden de la Sala de lo Penal, al constatarse que el 29 de julio de 2021 habría prorrogado la causa fuera de plazo. El carpetazo a la investigación también se trasladó a la causa abierta en el Tribunal Supremo (TS) por terrorismo contra Carles Puigdemont, uno de los procedimientos que amenazaba que pudiese beneficiarse de la Ley de Amnistía.

En el escrito remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los dos agentes resaltan la gravedad de las lesiones sufridas –por las que tuvieron que retirarse del servicio de forma prematura– en unas movilizaciones «planeadas premeditadamente para atentar contra las principales estructuras del sistema económico y de transporte español, con la intención de desestabilizar la economía y aislar al país del continente europeo» con el bloqueo de los aeropuertos de Barcelona y Madrid o el corte de la autopista AP-7 en La Junquera. Los policías señalan directamente a Tsunami Democràtic como la plataforma que organizó «todos estos actos radicales, violentos, organizados y terroristas».

Entre los objetivos, señalan, la Jefatura Superior de Policía situada en Vía Layetana, que fue protegida por un dispositivo de las UIP (antidisturbios) en el que estaban encuadrados ambos, que recuerdan la llegada a la convocatoria de «grupos radicales», en un contexto de «creciente hostilidad».

Con el paso de las horas, afirman, «la violencia era cada vez mayor» y los agentes recuerdan que les sorprendió «la organización» de la que hacían gala y que tenían «material avanzado», incluso «explosivo». Uno de los agentes explica que fue alcanzado por una botella rota, «que me impacta en la mano derecha, lo que provoca que me caiga al suelo sintiendo un fortísimo dolor fruto de la lesión». Una vez atendido, asegura, «y ante la inmensa cantidad de radicales violentos que superaban en una proporción de alrededor de 1.000 personas a 80 agentes», decidió reincorporarse al dispositivo.

Tras una nueva carga, y «parapetados» los agentes a medida que arreciaba el lanzamiento de «adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje» –con los que trataban de «causar el mayor número de bajas posibles»–, uno de los policías denunciantes explica que recibió «un impacto muy fuerte» y cayó desplomado al suelo tras perder el conocimiento.

A consecuencia de las heridas, estuvo hospitalizado un año, hasta el 22 de octubre de 2019 y a día de hoy, asegura, aún padece estrés postraumático y un trastorno de ansiedad generalizada con ánimo depresivo que le acarrea incluso «aislamiento social» y pérdida de atención o concentración. A raíz de esas lesiones, un tribunal médico de la Policía determinó que se encontraba imposibilitado para ejercer su profesión, concediéndole la incapacidad absoluta permanente, lo que provocó su jubilación forzosa, «con la reducción de sueldo que ello conlleva y sin indemnización alguna por los daños sufridos en acto de servicio».

Su compañero apunta que se trataba de «una masa perfectamente estructurada» al estilo «kale borroka» que a medida que pasaba el tiempo lanzaban objetos «cada vez más lesivos», pasando «de piedras de grandes dimensiones y petardos a adoquines enormes, que impactaban en mi dispositivo con una trayectoria vertical, como si fueran arrojados desde la parte superior de los edificios colindantes». Uno de ellos le impactó en el brazo derecho, lo que le provocó «un dolor inmenso». Poco después, otro adoquín le golpeó el omóplato izquierdo, haciéndole casi caer al suelo. Este policía se ofrece a poner a disposición del tribunal «diversos de los hechos» que considera «pueden ser de interés para la investigación».

Incapacitado para seguir ejerciendo su profesión por las secuelas, este agente tuvo que jubilarse. Las lesiones sufridas, dice, y esa jubilación prematura «sin indemnización alguna por los daños sufridos», le han dejado «en una situación de desamparo total».

Los dos denunciantes –que ejercieron la acusación particular como perjudicados en el «caso Tsunami» a través de los letrados José María e Ignacio Fuster-Fabra– aluden a un informe de la Guardia Civil de noviembre de 2023 (incorporado a ese procedimiento) que señala la identidad «de las personas líderes de la plataforma» que se encontraban detrás de «los actos violentos y terroristas» que se produjeron en esas fechas. Asimismo, se refieren a las resoluciones tanto del juez García Castellón (que se acaba de jubilar) como de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que reclamó después la aplicación de la Ley de Amnistía a todos los investigados, en las que «calificaban los hechos de actos terroristas». Unos documentos que piden que se incorporen a este procedimiento, así como los informes médicos que detallan las lesiones y secuelas padecidas.