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El fiscal Javier Zaragoza: “Esto es un juicio en defensa de la democracia”

Recuerda a los procesados que “nadie está por encima de la ley”

  • Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena junto a las abogadas del Estado y el abogado de Vox
    Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena junto a las abogadas del Estado y el abogado de Vox /

    Efe

Tiempo de lectura 4 min.

13 de febrero de 2019. 12:38h

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Ricardo Coarasa 13/2/2019

Tras la sucesión de denuncias de supuestas violaciones de derechos fundamentales desgranadas por las defensas de los acusados en la primera sesión del juicio del “procés”, la Fiscalía ha enfrentado a los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo con los hechos por los que están acusados. El fiscal Javier Zaragoza ha insistido en que no están siendo juzgados “por sus ideas, sino por poner en marcha “un plan criminal” para imponer, incluso recurriendo a la violencia, la independencia de Cataluña. “Esto es un juicio en defensa de la democracia y del orden constitucional, de un sistema político democrático que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos que formamos parte de este país”, ha recalcado.

Zaragoza ha reprochado a las defensas que algunos de sus escritos parecen “libelos acusatorios” cuyo único objetivo es “crear una visión distorsionada de la realidad” para desacreditar a la Justicia española denunciando “una vulneración masiva, ridícula y desproporcionada” de derechos humanos. “Han fracturado gravemente nuestro sistema constitucional”, les ha echado en cara, al tiempo que ha señalado que su único afán es “sentar en el banquillo al Estado”. “Nada más lejos de la realidad”, ha añadido, que estemos ante un juicio a la democracia española.

Zaragoza ha recordado a los acusados que “nadie está por encima de la ley” y que actuar al margen de la legalidad “no puede quedar impune”. Hubiera sido, ha subrayado, “una extrema irresponsabilidad no actuar penalmente” ante la “intensidad de los ataques, incluso violentos”, para intentar “expulsar la Constitución” de Cataluña y “sustituirla por una legalidad paralela”.

El representante del Ministerio Público ha querido quedar claro, ante el afán de las defensas por internacionalizar el juicio y dejar al descubierto las supuestas vergüenzas de la Justicia española, que “no es el independentismo lo que se juzga aquí” ni se está “persiguiendo una ideología”, la independentista, “que puede defenderse dentro de nuestro sistema democrático”, sino que se está juzgando “unos hechos por los que se trató de imponer un determinado planteamiento político a los demás”. Una actuación que, ha recalcado, vulnera los derechos del resto de los ciudadanos, “de esa mayoría silenciosa” de Cataluña que no participó en el referéndum y “de todos los ciudadanos españoles a intervenir en una cuestión de soberanía nacional que les afecta directamente”.

Afirmar, como hacen algunas defensas, que los acusados han sido perseguidos por sus ideas “es una falacia de colosales dimensiones que debe ser proclamada a los cuatro vientos”. Todos ellos, ha recordado, llevan años defendiendo sus tesis independentistas “y nunca han sido perseguidos ni encarcelados”.

El político, ha dicho, “como cualquier ciudadano está sujeto al Código Penal”, porque la actuación política no justifica, ha enumerado, “expulsar la Constitución y sustituirla por una legislación paralela”; “imponer” una segregación territorial; “utilizar a miles de ciudadanos para incumplir las leyes y las resoluciones judiciales”; desobedecer “de forma contumaz” al Tribunal Constitucional; convocar a miles de ciudadanos y “mantener secuestrada” a una comisión judicial bajo el pretexto de “un ataque a Cataluña”; ni “agitar a miles de ciudadanos sabiendo se les abocaba al enfrentamiento violento con las fuerzas policiales” el 1-O.

Del mismo modo, ha añadido, el legítimo ejercicio de los derechos políticos tampoco puede amparar que se sustraiga a un cuerpo policial, los Mossos, del cumplimiento de la ley ni destinar fondos públicos “para financiar un proceso ilegal”.

Zaragoza también salió en defensa de la independencia del tribunal, cuestionada por algunas defensas en sus intervenciones. “No se puede poner en tela de juicio la imparcialidad de este tribunal”, ha asegurado antes de mostrar su convencimiento de que la Sala “impartirá justicia con absoluta imparcialidad respetando escrupulosamente las garantías que el estado de derecho reconoce a los procesados”.

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