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Horrach acusa a Castro de impulsar una «persecución» contra la Infanta

Atribuye a Urdangarín y Torres el «control absoluto» del «drenaje de fondos públicos» en Nóos.

  • Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Ana Lamas durante el juicio del caso Nóos.
    Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Ana Lamas durante el juicio del caso Nóos.
Palma de Mallorca.

Tiempo de lectura 5 min.

16 de junio de 2016. 02:52h

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Palma de Mallorca. 15/6/2016

El fiscal Pedro Horrach reivindicó ayer su independencia y criticó con dureza la actuación del juez José Castro y de la Audiencia de Palma durante la instrucción, por permitir que la investigación a la Infanta se convirtiese en «una persecución», en «una expedición de pesca proscrita por el Código Penal». Con ese aval, se quejó, Castro pudo «construir un andamiaje sobre sospechas y conjeturas, eso sí, de gran calado y aplauso mediático», para imputar a la hermana del Rey por delito fiscal. En su informe final, el representante de Anticorrupción advirtió al tribunal del «caso Nóos» del riesgo de dejarse llevar por «juicios paralelos», «conjuras y conjeturas» a la hora de redactar su sentencia. «Ustedes no necesitan blindar su independencia. Ya la tienen o se suponen que la tienen», recordó al tribunal el fiscal, quien también dedicó duras palabras a los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Palma por permitir que se incorporaran escritos de Manos Limpias y Frente Cívico (la asociación de Julio Anguita cuya personación en la causa permitió Castro horas antes de la declaración de Doña Cristina) que incluían afirmaciones «denigrantes» y «calumniosas» respecto a la actuación de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria por exculpar a la hermana del Rey. Y no sólo eso: «lo más grave es que a veces las comparten», añadió en referencia al auto del juez Castro de 7 de enero de 2014, en el que citó a declarar a la Infanta por delito fiscal y blanqueo a la vez que criticaba las reticencias del fiscal.

A la instancia superior a Castro, Horrach también le afeó que avalara la decisión del instructor de dejar en suspenso, en mayo de 2013, la primera imputación de la Infanta creando «una nueva figura jurídica» porque, recalcó, «en España se está imputado o no se está imputado». De esta forma, «la instrucción deja de ser investigación y se convierte en persecución». En sus palabras iniciales tampoco ahorró reproches a Manos Limpias, que mantiene en solitario la acusación contra la Infanta, por llevar a cabo «malabarismos jurídicos retorcidos y engañosos» para imputar a Doña Cristina, unas actuaciones, se quejó, «fruto de la demagogia y del lucrativo negocio de las confabulaciones mediáticas». «Se prima la apariencia de justicia sobre la justicia», denunció.

«Y para redondear la apariencia, se utiliza el fraude de ley», lamentó Horrach, quien protestó por la decisión del tribunal de permitir que Manos Limpias incorporase a la documental de la causa las conclusiones de un perito propuesto por el sindicato –«cuyo informe sustenta sus imputaciones»–, pese a que la acusación popular renunció a su comparecencia en el juicio «para esconderlo» ante la «inconsistencia» de sus argumentos. Igualmente, criticó que, una vez la Infanta se acogió a su derecho a no contestar a las preguntas de Manos Limpias el 3 de marzo, el tribunal permitiese a la abogada de la acusación leer sus preguntas y hacer afirmaciones para «conseguir la pena del telediario». Puso especial énfasis en salvaguardar la independencia de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria pues, subrayó, su posición «es la misma que hemos mantenido en miles de procesos de fraude fiscal», la misma «que mantienen jueces y tribunales de este país y, por supuesto, la Audiencia Provincial de Palma en todas las causas» e incluso «los jueces de instrucción de esta ciudad, incluido el Juzgado de Instrucción número 3», «salvo en este procedimiento».

Ya en su informe final, Horrach insistió en que Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres –para quienes pide condenas de 19 y 16 años y medio de cárcel, respectivamente– ejercían un «coliderazgo» en el Instituto Nóos y sus empresas vinculadas y que actuaron en connivencia para «drenar fondos públicos», fundamentalmente de las administraciones valenciana y balear, de las que ingresaron 6,2 millones entre 2004 y 2006 por la organización de cinco cumbres sobre turismo y deporte. El coste de los eventos, dijo, «fue desproporcionado y usaron las entidades vinculadas para desviar los sobrecostes». El control de ambos, insistió, era «absoluto» y «los demás eran indios en una pradera», aseguró haciendo suyas las palabras de un ex empleado de Nóos. Ni la Infanta ni la mujer de Torres llevaron a cabo «ninguna actividad de gestión», recalcó.

El representante del Ministerio Público aseguró que, aunque el ex duque de Palma «intente esconderse detrás de una figura decorativa», en realidad usó su posición institucional «como gancho» para contratar con las administraciones públicas presentando a Nóos, junto con Torres, «como una especie de ONG». Cuando, en realidad, añadió, los recursos generados (Horrach cifra los beneficios en 4,3 millones) no se destinaron a su objeto social, sino que fueron a parar a las sociedades satélite de Nóos «o al patrimonio personal de los dos socios», certificando el vaciado patrimonial de la asociación.

El fiscal no da crédito a la versión de Urdangarín de que se desvinculó de Nóos en marzo de 2006 y mantiene que hasta mediados de 2008 «siguió participando activamente». Asimismo, niega que existiese «un control total y absoluto» de la Casa Real de las actividades del Instituto, una versión a la que, según dijo, recurrieron los dos ex socios «para redondear la ficción».

Horrach enumeró más de un centenar de pruebas para intentar acreditar la comisión de los delitos que imputa a Torres y Urdangarín (malversación, blanqueo, prevaricación, fraude a la Administración y delitos fiscales, entre otros). Al primero le echó en cara la aportación masiva de correos electrónicos «como cortina de humo», aunque al final, dijo, se han vuelto en su contra. Y al ex duque le reprochó que «de forma incoherente, sin ofrecer una explicación racional, descargase toda la responsabilidad de la gestión» sobre los hermanos Tejeiro y los asesores de la Casa Real.

Ambos pusieron en marcha, añadió, una «estructura fiduciaria dedicada a ocultar el dinero de actividades ilícitas». E hizo referencia expresa al reparto de beneficios entre ambos socios como «uno de los aspectos claves del desvío de fondos». En 2004 y 2005, recordó, al 50% (838.556 euros para Torres y 837.683 para el marido de la Infanta). A partir de 2006, «el esquema de reparto se modifica por el alejamiento de Urdangarín de la facturación a entidades públicas», por lo que optaron por «repartirse la cartera de clientes». Entre ese año y 2008, Torres habría obtenido unos beneficios de 2,6 millones y el entonces duque de Palma, de 1,8 (42%).

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