El fiscal ve «fascismo» en la agresión de Alsasua

Mantiene la acusación por terrorismo contra los ocho acusados de la paliza

La Fiscalía cree que la agresión a los dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 encarna «lo pero de la naturaleza humana», un «terrorismo de baja ntensidad» que califica de xenofobia, racismo y «fascismo en estado puro». Un fascismo que comparó con el que «desgraciadamente llevó a la Europa del siglo pasado a una de las mayores atrocidades».

En su informe final, el fiscal José Perals aseguró ayer en el juicio –que tras la práctica de las pruebas encara su recta final»– que «no fue una pelea de bar ni una trifulca, sino una acción organizada, planificada y preparada para agredir exclusivamente a los guardias civiles y sus parejas con una finalidad terrorista, la de expulsar a los guardias civiles y atemorizar a los que no piensan como ellos». De ahí que la Fiscalía mantuviese su acusación por terrorismo contra los ocho acusados, para los que sigue reclamando penas de doce a 62 años y medio de prisión, aunque ha reducido sus peticiones de condena que plantea de forma alternativa (para el caso de que el tribunal concluya que la paliza no fue planificada), que oscilan entre los seis y los 17 años y medio de cárcel. El representante del Ministerio Público considera que la agresión fue «premeditada y organizada» e impulsada por los acusados Jokin Unamuno y Aldur Ramírez de Alda. Para Perals, lo más grave de lo sucedido es que detrás de la agresión está el convencimiento de que «las ideas pueden ser defendidas a través de la violencia». Y es que Perals insistió en que «parte del terror que ha imperado durante muchísimos años» en el País Vasco y Navarra «sigue existiendo» a través del «frente de masas». Lo que se está juzgando, matizó, «no es si se rompió el tobillo a una persona», sino si los acusados «siguieron una estrategia de ETA» usando la violencia «para conseguir fines políticos» (la expulsión de la Guardia Civil).

Aunque ETA se haya disuelto, argumentó el fiscal, ese “frente de masas” continúa activo a través de “personas que piensan que siguen en la lucha” y que siguen “dinamizando ese despliegue ideológico” del que, dijo, se “aprovecharon” los procesados para llevar a cabo la agresión. «En esta sala lo que hemos visto es miedo –aseguró–. Y el miedo al final sale, no se puede ocultar mucho tiempo». Perals se refirió a las declaraciones en el juicio de las parejas de los dos agentes, temerosas de «reconocer que tenían miedo a no poder pasear con sus novios guardias civiles, a no poder comprar el pan». «Esa es la parte visible del terror», denunció, la que intentan imponer los radicales abertzales “con el apoyo de muchos políticos melifluos”, entre los que citó expresamente al alcalde de Alsasua, “que ha visitado a las familias de los agresores pero no a las víctimas”. Unos jóvenes, recalcó, que se “concertaron con otras personas que no han podido ser identificadas” para agredir a los agentes y sus parejas “de una manera salvaje y violenta por el único hecho de ser guardias civiles”. Perals también hizo hincapié en las secuelas psicológicas que he tenido lo sucedido para las novias de los agentes. “Una ha tenido que exiliarse y la otra sigue viviendo en Alsasua oculta en una cárcel de la que no puede salir porque seguramente la volverán a apalear”, dijo, Tras hacer públicas sus conclusiones definitivas, el fiscal sigue solicitando la pena más alta, 62 años y medio, para el acusado Ohian Arnanz, actualmente en prisión, por cuatro delitos de lesiones terroristas y por otro de amenazas terroristas. Para otros seis procesados –Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, también en la cárcel, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad– pide una condena de 50 años de prisión por cuatro delitos terrorista. El representante del Ministerio Público pide la pena más baja, doce años y medio de cárcel, para Ainara Urquijo, a quien únicamente acusa de amenazas terroristas.

De forma subsidiaria, el Ministerio Público solicita al tribunal la condena más elevada para Ohian Arnanz, 17 años y medio de prisión, y la menor, de seis años y medio, para Ainara Urquijo, a la que no se imputan las lesiones, sino únicamente el delito de amenazas. Para el resto de procesados, salvo para Iñaki Abad (trece años), la pena que pide es de 17 años de cárcel.