Tribunales

Absuelven al PP por el borrado de los discos duros de Bárcenas

El juez también exonera a los responsables del partido.No hay pruebas de que el partido intentara destruir pruebas de una supuesta contabilidad «B»

Luis Bárcenas, en una imagen de archivo
Luis Bárcenas, en una imagen de archivolarazonLa Razón

Se considera acreditado que uno de los ordenadores cuyo disco duro fue borrado lo adquirió el PP “para ser puesto a disposición” del ex tesorero del partido Luis Bárcenas

No ha quedado demostrado «que en el momento del borrado y destrucción de los discos duros, los acusados Alberto Durán jefe de la Asesoría Jurídica del PP-, José Manuel Moreno -responsable del departamento informático del partido- y Carmen Navarro -ex tesorera del PP-, con conocimiento de la realización de las conductas que estaban siendo investigadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 sobre una supuesta contabilidad oculta del Partido Popular, y a sabiendas de que esos hechos podían ser constitutivos de uno o varios delitos, cuya comisión podía acreditarse mediante el contenido de esos discos duros, tuvieran la intención de eliminarlo para así impedir o dificultar esa demostración». Ëste es uno de los argumentos centrales que esgrime el magistrado de Madrid Eduado Muñoz de Baena para absolver a los tres acusados y al PP, como persona jurídica, por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas , y, además, condena a las acusaciones populares, populares ejercidas por Izquierda Unida, ADADE y el Observatori Desc, . Izquierda Unidca-los Verdes solicitaba cuatro año y seis meses para cada uno de los tres acusados y una multa al PP de 5.000 euros diarios durante tres años. La Fiscalía, en cambio, pidió la absolución de todos los encausados, y, además, que se aplicara la “doctrina Botín” para evitar el juicio, aunque el juez desestimó esta última pretensión.

En cuanto al PP, el magistrado le absuelve del delito de daños informáticos que le imputaban las acciones populares, porque se ha constatado que uno de los ordenadores porque ha quedado probado que uno de los ordenadores pertenecía a la formación política y sobre el otro se desconoce si era del PP o de Luis Bárcenas, ni que en los discos duros destruidos hubiera almacenado algún dato o archivo en el momento en el que José Manuel Moreno procedió al borrado seguro y destrucción de los soportes.

Tampoco se ha probado que, de haber existido algún contenido en ese instante tuviera un valor económico significativo y no estuviera a salvo en el pendrive entregado en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional o en otro soporte de almacenamiento « bien conservado por Luis Bárcenas, bien incluido en los servidores de correo corporativo del PP».

En este punto, se considera acreditado que uno de los ordenadores cuyo disco duro fue borrado lo adquirió el PP “para ser puesto a disposición” del ex tesorero del partido Luis Bárcenas, «durante la época en que mantenía una relación laboral” con el PP. De hecho, el juez señala cómo, en contra de lo sostenido por las acusaciones en cuanto a la titularidad del ordenador, Bárcenas no aportó ninguna factura o ticket de compra, «a pesar de que es prudente y usual conservar una u otro tras la compra de aparatos sometidos a un periodo de garantía legal o comercial», y tampoco consta que en la Audiencia Nacional se identificara ese medio de pago.

En definitiva, concluye el magistrado al respecto, «se echa en falta una prueba documental que no admita diversas interpretaciones, a lo que se suma que las aportaciones testificales han resultado ser inespecíficas en orden a lograr la identificación del dueño del portátil». Ante esta insuficiencia probatoria, añade al respecto la sentencia, se debe tener en cuenta que, por ser la titularidad de Luis Bárcenas sobre el equipo un hecho susceptible de perjudicar a los acusados,« no sólo no puede presumirse, sino que únicamente puede tenerse por acreditado si no existiera ningún margen para la duda».

En cambio, si se hubiese acreditado que los portátiles eran de Bárcenas, el PP «no estaba obligado ni, por supuesto, estaba facultado para llevar a cabo un proceso de borrado seguro de ninguno de los archivos que contenía. En tal caso, tendría que haberse limitado a entregar los equipos a su dueño o, cuando menos, a ponerlos a su disposición, sin acceso ni manipulación alguna por los técnicos del partido», pero esta circunstancia no se ha podido acrditar.

En cuanto al delito de encubrimiento que se imputaba a los tres acusados -Alberto Durán, José Manuel Moreno y Carmen Navarro-, la sentencia mantiene que ante dos alternativas admisibles, como el que en su ánimo estuviera dificultar la acreditación de un delito vinculado a la supuesta contabilidad paralela del PP, en la medida que la condena por ese delito podría haber tenido consecuencias negativas para la formación política, económica, social y políticamente; o que, como han sostenido las defensas, que la voluntad de los acusados al llevar a cabo el borrado seguro no fuera otra que la de observar las buenas prácticas aconsejadas para el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de protección de datos-, «ambas compatibles con la lógica y potencialmente susceptibles de generar convicción, el juzgador debe inclinarse por la solución fáctica más favorable al acusado».

Junto a ello, el magistrado señala que sólo el propio Bárcenas sabe realmente si la denuncia que interpuso en la Audiencia Nacional contra el PP por el borrado de los discos duros, que posteriormente retiró, era el de que le fueran restituidos los dos ordenadores «que afirmaba como propios, o bien el de recuperar el contenido almacenado”. Especular sobre ello, añade el juez, sería “estéril.

El PP exige a PSOE y Podemos que pidan perdón

Por otro lado, una vez conocida la sentencia, el PP reclamó al PSOE y a Unidas Podemos, así como a todos los que han cuestionado “el honor del partido”, que le pidan perdón en público tras haber sido absuelto por la destrucción de los ordenadores que usaba el extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas en la sede del partido hasta enero de 2013. Para el secretario general del PP, Teodoro García Egea, con esta resolución, «lo único destruido” es la credibilidad de PSOE y Podemos.