El juez ordena embargar todas las propiedades de Bárcenas

Ricardo Coarasa

MaDRID- A Luis Bárcenas se le agotó el plazo para hacer frente a la fianza de 43,2 millones de euros que le impuso el juez Pablo Ruz. A requerimientos del magistrado, el ex tesorero del PP ni aportó esa cantidad ni remitió un listado de bienes para cubrir esa cuantía, por lo que el instructor del «caso Gürtel» acordó ayer el embargo de sus cuentas bancarias en España y sus propiedades inmobiliarias, entre ellas su domicilio familiar en Madrid.

En un auto notificado ayer, Ruz ordena el embargo de los más de 700.000 euros que el ex senador tenía ingresados en Bankia, a los que deberán sumarse las cantidades que disponga en la entidad Caixabank, todavía pendientes de precisar, al margen de las restantes órdenes de bloqueo de diferentes cuentas bancarias ya acordadas en el extranjero (sobre todo en Suiza).

Del mismo modo, con el objetivo de asegurar las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar de los delitos que se le imputan, el magistrado acuerda esa misma medida en relación al domicilio del matrimonio en la madrileña calle Príncipe de Vergara y a una plaza de garaje en el mismo inmueble; una vivienda en el barrio de Peñagrande, al noroeste de la capital; un chalet en el municipio leridano de Naut Aran, junto a Baqueira Beret, y dos plazas de garaje en esa misma localidad (sus propiedades en Naut Aran se las reparten al 50 por ciento Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias).

La Fiscalía Anticorrupción pidió a Ruz que impusiera al ex senador una fianza civil de 28,1 millones de euros, que finalmente el juez elevó a 43,2 a la vista de los últimos informes remitidos por la Agencia Tributaria. Tras el hallazgo de una nueva cuenta en Suiza, Hacienda elevó las cantidades supuestamente defraudadas por Bárcenas en el IRPF y el Impuesto de Patrimonio en los ejercicios 2002, 2003, 2006 y 2007.

En una jornada pródiga en resoluciones judiciales con Bárcenas como protagonista, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional también rechazó ayer el recurso interpuesto por el ex tesorero del PP contra la decisión de Ruz de ampliar, el pasado 10 de junio, la relación de delitos que le imputa añadiendo a los de cohecho y delito fiscal los de falsedad documental, tentativa de fraude procesal y blanqueo de capitales.

En su resolución, la Sala

–presidida por la magistrada Ángela Murillo– subraya que, aunque la investigación sobre estas nuevas imputaciones está dando sus primeros pasos, «lo importante es que existen y revisten apariencia delictiva».

Para el tribunal, la falsedad documental viene avalada por los indicios de que los contratos de mediación en la supuesta compraventa de cuadros firmados para justificar un ingreso de 560.000 euros «no respondían a ninguna realidad». Su objetivo, añade, sería «inducir a error a los órganos jurisdiccionales y obtener el archivo de las diligencias», lo que explica la imputación por tentativa de fraude procesal.

En cuanto al blanqueo, la Audiencia Nacional sostiene que el «abultado» patrimonio en cuentas «manejadas» por Bárcenas fuera de España «constituye, en principio, una presunta actividad delictiva». En consecuencia, la Sala concluye que los tres nuevos delitos que el juez imputa al ex senador están «suficientemente avalados».