El peligro de una investidura "fake"

Los expertos avisan de que hacer más fácil el método por el que se elige al presidente podría solucionar el problema actual para caer en otros muchos más graves.

Pedro Sánchez fue uno de los principales causantes del bloqueo institucional en el que España estuvo sumida en 2016 hasta el punto de que sólo se produjo la investidura de Rajoy en aquel entonces cuando el actual presidente en funciones abandonó el PSOE tras una de sus crisis más graves de su centenaria historia. En un paradójico giro de la historia el líder socialista se encuentra ahora en una situación análoga a la de Rajoy en aquel entonces y, además de exigir una abstención que en aquel entonces se negó a otorgar, habla ahora de reformar el artículo 99 de la Constitución para facilitar la gobernabilidad del país. LA RAZÓN se ha puesto en contacto con prestigiosos constitucionalistas para pedirse que analicen la conveniencia de esta reforma y la posibilidad de que se materialice.

Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, sostiene que «siempre se puede reformar la Constitución» pero es evidente que «no existe en este momento el consenso político suficiente» para llevar a buen puerto la iniciativa. Sin embargo, para Freixes el problema, más que del sistema, es de la «falta de voluntad política para que los tres grandes partidos constitucionalistas se pongan de acuerdo en un mínimo de cosas que hagan posible las situaciones y ir por la senda de la gobernabilidad». En este sentido, incluso si se lograra reformar la Constitución o modificar el régimen electoral estaríamos ante el mismo problema ya que lo que hace falta es que a PSOE, PP y Cs les dé un «ataque de sensatez para desbloquear todo lo que tenemos bloqueado: presupuestos, investidura y la solución definitiva al problema de la crisis en Cataluña».

Sobre la propuesta de Casado de adaptar el modelo griego con una prima de gobernabilidad de 50 diputados, Freixes se muestra escéptica: «Nuestra Constitución dice que el sufragio debe ser universal, libre, igual, directo y secreto y con una prima de 50 diputados el sufragio no es igual porque el partido que gana tiene una bonificación y por tanto el voto de otras personas que han votado a otros partidos queda degradado, vale menos». La solución para esta prestigiosa jurista es por tanto «sensatez política y la responsabilidad de los tres grandes partidos».

José Carlos Cano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, alerta de lo peligrosas que son las «reformas de conveniencia» sacadas adelante por un partido en situación de necesidad. «Cuando se encara la reforma de una norma tan fundamental se debe tener gran perspectiva y un amplio consenso», recuerda este experto que comparte las prevenciones de Freixes sobre la prima de 50 escaños propuesta por el líder del PP para «premiar» al partido más votado. En cualquier caso, el artículo 99 de la Carta Magna, el que quiere reformar Sánchez, no requiere una reforma agravada por lo que sería suficiente tres quintos de los diputados y de los senadores, es decir, 210 diputados y 159 senadores. Y si tan siquiera un diez por ciento de los parlamentarios lo solicita se debe celebrar un referéndum para que la reforma entre en vigor. Este fue el procedimiento que, acuciados por Europa, llevaron a cabo el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy para reformar el artículo 134 sobre el pago de la deuda soberana de España. «En cualquier caso estaríamos en lo de siempre: en un parche porque ahora conviene a la coyuntura política», avisa José Carlos Cano, partidario de que «nuestra Constitución sólo hay que tocarla con toda la prudencia del mundo debido a nuestras problemáticas».

José Manuel Vera Santos, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, llama la atención sobre un punto fundamental: «Dejando aparte que cualquier reforma constitucional debe basarse en un consenso social y político amplio, creo que es evidente, para el estudioso y para el ciudadano de a pie, que ninguna Constitución, menos en un proceso tan relevante como es la investidura del presidente del Gobierno, puede regular todos los supuestos que se puedan dar en la casuística

concreta». Debido a que el procedimiento de investidura ejemplifica la confianza del Legislativo en el Ejecutivo, una confianza que se extiende en el caso español durante cuatro años, «determinadas propuestas de reforma que se advierten, pueden conllevar, sí, que la investidura sea más rápida, incluso más sencilla... a costa de que no deje de ser “fake”, es decir, que sea en la práctica una “no investidura” en tanto en cuanto el Gobierno recién investido no

pueda desarrollar sus políticas», que es verdaderamente para lo que ha sido elegido por los electores. En este sentido la regulación del procedimiento estipulada en el artículo 99 no es gratuita sino que va encaminada a lograr «un gobierno que gobierne». Sin embargo, la reflexión de Vera va un paso más allá, hacia un cambio de planteamiento de fondo que él mismo expresa en estas palabras: «Quizás, aparte de alguna reforma técnica del proceso de investidura que puede y debe hacerse, lo que habría que reformar sería esta forma de hacer política del “yo y el ya” de lo que yo quiero y en este mismo momento, sin pensar en el nosotros, en el interés general de y por los españoles».