ERE: Sentencia a la corrupción del PSOE 333 días después

La sentencia se conocerá casi un año después de acabar el juicio. Será un punto y seguido, pues la última palabra la tendrá el Supremo. Es la primera pieza de este fraude que se juzga

Mañana, cuando se cumplen 333 días desde que el juicio quedó visto para sentencia, los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla sentenciarán el conocido como «caso de los ERE», en el que se dilucidará si desde la Junta de Andalucía se desviaron más de 650 millones de euros –en un principio, la cantidad fijada superaba los 800– que tenían como finalidad ayudas sociolaborales y ayudar a trabajadores de empresas que se veían afectados por expedientes de regulación de empleo. Ello originó la existencia de «intrusos» en algunos de esos expedientes, quienes se vieron beneficiados por esas ayudas sin haber trabajado en momento alguno en las empresas afectadas.

Será la sentencia relacionada con la corrupción que más tiempo se haya hecho esperar; de hecho, el 17 de diciembre se cumpliría un año desde que quedó visto para sentencia. Frente a ella, el «caso Gürtel», que afectó al PP se sentenció en poco más de seis meses y el «caso Nóos» en siete.

En este procedimiento se ha visto por vez primera en el banquillo de los acusados a dos ex presidentes de un Gobierno autonómico, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis ex consejeros –entre ellos, la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez– y otros 13 ex altos cargos. Todos ellos pertenecientes al mismo partido, el PSOE, en un procedimiento donde la Fiscalía sitúa al ex presidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán en un de los orígenes relevantes de ese fraude: «Pudo y debió parar los pagos» esas «ayudas» que se estaban concediendo de forma irregular y de las que había advertido reiteradas veces la Intervención General de la Junta.

Será una sentencia que ponga fin a casi nueve años de investigación, iniciada por la magistrada Mercedes Alaya, pero que, en todo caso no será un punto y final, sino más bien un punto y seguido, ya que la misma será recurrida ante el Tribunal Supremo. Lo que nadie duda es que si el fallo es condenatorio en lo que afecta a los ex presidentes y ex dirigentes nacionales del PSOE, pues no hay que olvidar que Manuel Chaves fue presidente nacional del partido, tendrá consecuencias. La duda es saber hasta dónde y si el PSOE de Pedro Sánchez se verá afectado y qué tipo de responsabilidad se asume.

Los magistrados del tribunal, del que ha sido presidente Juan Antonio Calle Peña –liberado por el TSJ de Andalucía para centrarse en la redacción de la sentencia–, Pilar Lorente y Encarnación Gómez han extremado todas las medidas para evitar cualquier filtración alguna sobre el fallo, pues, como señalan fuentes jurídicas, «no quieren otro “procés”», donde se conoció la resolución un día antes de que se notificara. En todo caso, la sentencia quiere dejar atado y bien atado todas las cuestiones que han centrado esta causa, principalmente en determinar si ha existido prevaricación administrativa al saltarse todos los procedimientos establecidos para la concesión de esas ayudas y si se malversó fondos públicos para ello.

Una de las conclusiones principales a las que llegó la Fiscalía señala cómo Manuel Chaves, entonces presidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías , José Antonio Griñán, Francisco Vallejo y Antonio Fernández, ex consejeros de Presidencia, Hacienda, Innovación y Empleo, respectivamente, como integrantes del Consejo de Gobierno, no tomaron a la vista de los informes que ya conocían de la Intervención, ninguna decisión en el ejercicio de sus funciones «que pusiera freno al procedimiento seguido por la Consejería de Empleo para la gestión presupuestaria de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis». Y todo ello, «con conocimiento de las irregularidades» que se recogían en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía «y de cuentas anuales de auditores externos», procedimiento, en cambio, «a la aprobación de los anteproyectos de presupuestos de los ejercicios siguientes y de sus modificaciones presupuestaria ,en su caso».

En su informe de conclusiones definitivas, el fiscal sostuvo que la «trascendencia» del cambio implantado en el año 2000 con el «procedimiento específico» de los ERE «exigió la decisión aprobatoria» del entonces presidente de la Junta Manuel Chaves, quien, aseguró al respecto, conocía la modificación de la normativa a la hora de presupuestar, lo que «no era un simple cambio menor» y que implicaba que «la consecuencia lógica era que se suprimía la fiscalización previa de las ayudas que se dieran con cargo a esos fondos».

En cuanto a Griñán, el Ministerio Público destacó que, como consejero de Hacienda entre 2004 al 2009, era el destinatario de los informes de la Intervención y del control financiero permanente de la agencia IDEA, «por más que la destinataria primera» fuera la entonces viceconsejera Carmen Martínez Aguayo».

Junto a ello, el interventor alertó de que la Dirección General de Trabajo estaba dando ayudas «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido» y asumiendo compromisos por encima del crédito presupuestado cada año, con avisos «suficientemente relevantes».

Con este fallo se sentenciará la «pieza política» del fraude de los ERE. Por delante queda todo lo relacionado con los cursos de formación, donde las irregularidades apuntan también a un desvió aparentemente irregular de cientos de millones con en fin, y donde se llegó a crear, como llegó a señalar la magistrada Alaya en alguna ocasión, una auténtica red de «clientelismo politico» en favor del PSOE.