España ofrece a Marruecos la «devolución inmediata» de inmigrantes ilegales

La segunda reunión del G4 (España, Francia, Portugal y Marruecos) celebrada ayer en París permitió al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no sólo exponer las dificultades a las que España se enfrenta como frontera sur de Europa ante una presión inmigratoria cada vez más fuerte, sino recabar el apoyo de sus homólogos tras el fallecimiento de 15 subsaharianos a principios de febrero cuando trataban de llegar a nado a la playa del Tarajal en Ceuta. «Un drama en aguas marroquíes que lamentamos», declaró el francés Manuel Valls señalando el compromiso y la colaboración ejemplares de su país, pero también de España y Marruecos en la lucha contra la inmigración irregular.

Precisamente, Fernández Díaz agradeció a Mohamed Hassad, con quien mantuvo posteriormente un encuentro bilateral, la «magnífica cooperación» marroquí. El ministro español ofreció «articular un mecanismo coordinado por el que se procedería a la inmediata devolución de quienes entren de forma violenta o flagrante en Ceuta y Melilla», según informó el Ministerio a través de un comunicado.

Interior considera que el primer paso para estas devoluciones inmediatas «ya estaría dado a través del acuerdo de readmisión hispano-marroquí de 1992, actualmente en vigor». Fernández Díaz le trasladó a Hassad que, pese a los «éxitos» obtenidos en la lucha contra la inmigración irregular, aún existen dificultades que requieren de soluciones encaminadas, por un lado, a poner fin a las actividades de las redes de inmigración irregular y, por otro, a aliviar la presión que sufren Ceuta y Melilla y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tanto españoles como marroquíes. El ministro recalcó que lo sucedido fue «una tragedia humana grande», defendió a la Guardia Civil que actuó, dijo, con carácter «disuasorio», «con los medios reglamentariamente establecidos» y «manteniendo las distancias de seguridad». También quiso dejar claro el ministro español que el Instituto Armado sólo trató de «cumplir la legalidad en condiciones muy difíciles» y que cuestionar el carácter «humanitario» de este Cuerpo significaba actuar «de forma insolidaria e injusta con la Guardia Civil». Fernández Díaz acusó a la oposición y a quienes pidieron su dimisión en el Parlamento de querer «sacar tajada partidista» en lugar de apoyar una «política de Estado».