Por la amnistía

"Con este Gobierno, en Cataluña se tuvo que aguantar seis días sin echar gas lacrimógeno y aquí se decidió en veinte minutos"

El sindicato policial JUPOL pide la dimisión del delegado del Gobierno por unas improvisadas órdenes que intensificaron la violencia en Ferraz

La Policía carga contra los manifestantes durante una concentración en contra de la amnistía, frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, a 6 de noviembre de 2023, en Madrid (España). Los manifestantes se han mostrado opuestos al pacto de los socialistas con ERC que incluye, entre otras medidas, una ley de amnistía que favorecería a los procesados del 'procés' catalán, el traspaso de las competencias de Rodalíes o la condonación de hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquid...
Concentración en Ferraz contra la ley de la amnistíaRicardo RubioEuropa Press

Fuentes de Interior han reconocido que en la noche del pasado martes que miembros de antidusturbios sí emplearon pelotas de goma para desalentar a los manifestantes que mostraban comportamientos violentos en las inmediaciones de la sede del PSOE en Ferraz. Asimismo, recurrieron nuevamente a la utilización de botes de humo y gases irritantes, tal como lo hicieron en el primer día de movilizaciones.

Durante la jornada un contingente de manifestantes redirigió su marcha hacia la Gran Vía de Madrid y el Congreso de los Diputados. Esto ocurría después de que un robusto despliegue de fuerzas policiales bloquearan el acceso a la sede del PSOE en Ferraz para “garantizar la seguridad”. Cuando los manifestantes regresaron a la mencionada sede, se produjeron enfrentamientos con la policía y momentos de alta tensión protagonizados por un grupo de individuos radicales que, entre otros actos, incendiaron un contenedor. Fue entonces cuando, una vez más, los agentes recurrieron al uso de gases lacrimógenos.

La noche del martes, se saldó con siete detenidos y 30 agentes heridos, después de que estos tuviesen que intervenir en los disturbios ocasionados por la minoría de estos grupos con estética radical, que contaron con el rechazo de aquellos que querían manifestarse de forma “pacífica” en favor de la unidad de España.

Estas manifestaciones continúan provocando un amplio debate en el ámbito político, entrando de lleno en las conversaciones entre los partidos socialistas e independentistas, y provocando también la reacción de cuerpos policiales, especialmente del sindicato de la Policía Nacional (JUPOL).

En la primera jornada de manifestaciones, el secretario de VOX, Ignacio Garriga, también criticó la no aplicación de la misma contundencia policial o las mismas tácticas de disuasión en los acontecimientos ocurridos en Cataluña de 2017, en comparación con lo ocurrido este noviembre en Ferraz. Señalaba que en esa ocasión “no se gaseó” a aquellos individuos que estaban involucrados en la quema de las calles de la región catalana y que actuaban de manera similar a “comandos terroristas”.

JUPOL solicita la dimisión inmediata del delegado del Gobierno

Desde JUPOL afirman para LA RAZÓN que los medios antidisturbios utilizados tanto el lunes como el martes por los agentes de la UIP desplegados en Ferraz fueron los adecuados ante la profesión de insultos, el derribo de vallas, el lanzamiento de objetos y los intentos de superar el cordón policial que protagonizaron algunos de los manifestantes. Fue necesario, señalan, que la UIP actuase de esa forma para poder disolver la concentración, una vez se recibió la orden de la Delegación del Gobierno.

El sindicato mayoritario de Policía critica, sin embargo, que la falta de previsión y las rápidas órdenes de disolver la protesta del delegado del Gobierno en la capital, Francisco Martín, provocaron que los agentes se viesen superados. Cuando comenzó la protesta el lunes había únicamente una valle simple de un metro que ejercía de separación entre los ciudadanos y los policías. Martín transmitió la orden de utilizar todos los medios para acabar la concentración solamente 20 minutos después de que se registraron los primeros actos violentos, un extremo inusual ya que el modo de actuar suele tender a la espera. “Se debió esperar. La orden llegó muy rápido y no era el momento”, explican.

Las órdenes del delegado madrileño Francisco Martín, sostienen, contribuyeron en que aumentase la intensidad de la violencia ejercida por las personas más radicales y que un día después muchos grupos de extrema derecha profesionalizados en los altercados y disturbios acudiesen a la cita en un claro efecto llamada. Ahora, desde JUPOL solicitan su dimisión inmediata, como forma de asumir la responsabilidad de sus decisiones. “No ha dado ni una explicación y es el máximo responsable de lo que ocurrió. Alguien debe asumir la responsabilidad de cesarlo si él mismo no es capaz de hacerlo”, reclaman desde el sindicato mayoritario.

“En Cataluña solo cuando hubo alrededor de 500 agentes heridos recibimos la orden de actuar"

En 2019 durante las masivas y violentas protestas por la celebración del juicio del ‘procés’, este mismo Gobierno esperó seis días para utilizar medios coercitivos mayores, como las pelotas de goma o el gas, un hecho que contrasta con las recientes órdenes de actuación de las autoridades dependientes de Interior. “Solo cuando hubo alrededor de 500 agentes heridos recibimos la orden de actuar con todos los recursos antidisturbios”, recuerda en exclusiva su secretario general, Aaron Rivero. En aquellos días, tres de sus compañeros sufrieron agresiones tan feroces que acabaron siendo jubilados a consecuencia de las secuelas físicas y psicológicas.

En los últimos dos días de noviembre, aunque especialmente el pasado martes 7, varios miembros de las fuerzas del orden sufrieron resquebrajamiento en sus cascos tras recibir el impacto de adoquines en la cabeza. Los manifestantes más radicales acudieron armados con palos, barras de hierro, palas, porras extensibles, además de petardos y bengalas. En total, 29 policías resultaron heridos en estas dos jornadas, uno de ellos con una fractura en la mano y la muñeca a la espera del parte médico definitivo.

Según matizan, sus compañeros actuaron como corresponde, es decir, realizando un uso progresivo de la fuerza. Primeramente, se pide a los elementos alborotadores que cesen en su actitud y, en el caso de que esto no se produzca, se utilizan porras y fumígenos, que no son más que botes de humo blanco no tóxicos con los que se busca que los manifestantes se alejen al empeorar su visión del espacio y de los movimientos de los agentes.

La última vez que en Madrid se utilizó gas lacrimógeno fue hace casi dos años para aplacar las olas de manifestaciones que despertó en febrero de 2021 la encarcelación del rapero Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. El 1 de octubre de 2017, cuando se produjo el referéndum ilegal en Cataluña, la Policía, que por mandato judicial debía impedir las votaciones y la apertura de los colegios, no hizo uso ni botes de humo, ni se lanzaron pelotas de goma y menos aún se empleó material lacrimógeno.