El PSOE ha presentado un requerimiento ante el Ayuntamiento de Jumilla para que anule la validez del acuerdo entre PP y Vox que prohíbe el uso de las instalaciones públicas para realizar celebraciones de índole musulmana o de cualquier religión que no tenga raíces en España.

Ante esta decisión, desde las filas de Vox, José Ángel Antelo ha mostrado su resignación y ha valorado que es una maniobra del "Gobierno mafioso, para tapar sus escándalos". Los populares no se han quedado parados y han recordado su apuesta en materia migratoria "controlada y legal".

Por su parte, las autoridades episcopales, que habían mostrado su descontento con la reforma, han celebrado las reclamas del Gobierno aseverando que "las libertades de culto están amparadas por el derecho a la libertad religiosa".

Esto dice la Constitución sobre la libertad religiosa en España que ha mencionado el PSOE para vetar la normativa de Vox y PP

En el requerimiento que ha presentado el PSOE se ha mencionado que la decisión adoptada por los populares y Vox se encuentra fuera del marco constitucional, ya que "no se alegan razones objetivas" que pongan en riesgo la seguridad ciudadana.

La carta magna recoge la libertad religiosa en el seno de los derechos y las libertades. En este caso, concretamente el artículo 16, asevera que la "libertad religiosa y de culto de los individuos, en sus manifestaciones no tiene más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público". Además, recoge que nadie podrá ser obligado a declarar sobre sus pensamientos.

Dentro de que el Estado es aconfesional desde 1978, los poderes públicos "deberán defender las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las relaciones con la Iglesia Católica y las demás confesiones".

Una batalla judicial favorable al PSOE: antecedentes, libertades y legislaciones

Siguiendo las afirmaciones de la Constitución española y en el caso de que PP y Vox no acepten las demandas del PSOE, el conflicto podría acabar en los tribunales. En este caso el PSOE con su requerimiento -a no ser que se produzcan actos que generen un aumento de la inseguridad ciudadana- tendría un tablero favorable.

Además de la Constitución, los antecedentes judiciales se han posicionado a favor de la libertad religiosa. La STC 101/2004 del Tribunal Constitucional , que analizaba la participación del subinspector del Cuerpo Nacional de Policía en una celebración de la Semana Santa, valoró en su favor que no se había cometido ninguna irregularidad y que "tenía libertad para acudir a los actos" y desestimó la demanda de amparo.

De la misma manera en 2013 el Tribunal Supremo rechazó una ordenanza del Ayuntamiento de Lleida que prohibía el uso del burka en espacios públicos. Recurriendo al artículo 16.1 la Justicia no fue favorable y eliminó la validez de la decisión.