El TC estudia el choque entre Senado y Congreso por la reforma que permitió rebajar penas a etarras

El Tribunal Constitucional (TC) se dispone a admitir en el Pleno que celebrará desde el próximo martes el conflicto de competencias planteado por el Senado por la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma legal que permitió rebajar penas a etarras, al tiempo que retomará las deliberaciones sobre la amnistía, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

El Senado llevó al TC su choque institucional con el Congreso por el acuerdo alcanzado por la Mesa de la Cámara Baja el 15 de octubre de 2024 en relación con la reforma de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE, para su adecuación a la normativa sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).

La ponencia, a cargo de la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, aboga por admitir a trámite el conflicto de competencias planteado por la Cámara Alta y se espera que recabe el apoyo del Pleno, de acuerdo con las citadas fuentes. El Senado ataca la decisión del Congreso de haber enviado para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que conmuta a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero.

En concreto, el acuerdo desestimó el rechazo del Senado "a la ley Txapote", dio por terminado el procedimiento y envió el texto legislativo al Gobierno para su publicación en el BOE. "El objetivo del Senado es defender su plena soberanía frente a quienes lo ven como una Cámara sometida al Congreso y adormecida", indicaron a Europa Press fuentes de la Cámara Alta.

El veto del Senado

El Congreso aprobó inicialmente por unanimidad esta ley pero la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) alertó después de que la convalidación de penas también beneficiaba a presos etarras. Fue entonces cuando la norma perdió el apoyo de PP y Vox, que la rechazaron durante su última fase parlamentaria en el Senado.

La mayoría 'popular' en la Cámara Alta y un informe de la Secretaría General interpretaron que ese rechazo a la norma debía entenderse como un veto, a pesar de que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda a la totalidad.

El grupo del PP en el Senado solicitó varias veces a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que sometiera de nuevo a votación la ley en la Cámara Baja y amenazó, si no lo hacía, con presentar el conflicto ante el TC, algo que hizo finalmente en diciembre de 2024.

Desde la Mesa del Congreso, en respuesta, la mayoría que conforman el PSOE y Sumar se reafirmaron en dar por aprobada la ley, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado los plazos para vetar la ley.

A juicio del Senado, la Mesa del Congreso es un órgano de gobierno no representativo del Congreso que no tiene competencias para calificar el veto del Senado y tomó un acuerdo "soberano" del Pleno de la otra Cámara, "como si se tratase de un mero escrito parlamentario de un diputado", según señalaron las mismas fuentes parlamentarias.

"Y suplanta, finalmente, al Tribunal Constitucional, atribuyéndose una posición juzgadora de la conformidad constitucional, de los acuerdos del Pleno del Senado, que no está reconocida por ninguna jurisprudencia habida hasta ahora de este tribunal", añadieron.

La amnistía vuelve al TC

Además, esta semana la corte de garantías retomará el debate sobre la amnistía para aplicar la doctrina ya fijada el pasado junio, cuando avaló la ley, a los recursos presentados por Murcia, Andalucía, Valencia y Castilla y León y a la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Hasta ahora, el Constitucional se ha pronunciado sobre los recursos presentados por el PP y por las Cortes de Aragón, así como sobre la pregunta formulada por el Tribunal Supremo (TS).

En su primera sentencia, declaró constitucional el grueso de la ley dando la razón al PP solo en tres cuestiones menores: la "asimetría" para amnistiar a quienes apoyaron y se opusieron al 'procés'; que la ley incluyera "una habilitación insólita" para continuar con las "actividades criminales en el futuro"; y que solo impusiera escuchar a Fiscalía y a los organizamos públicos perjudicados en las causas en el Tribunal de Cuentas para pedir su archivo.

En una segunda tanda, en octubre, aplicó esa misma doctrina a las tachas formuladas por las Cortes de Aragón y el Supremo pero en esa ocasión añadió como novedad que la malversación es un delito amnistiable, con las excepciones que recoge la propia ley.

El TC rebajó su pronunciamiento sobre la malversación porque magistrados conservadores alertaron de que el borrador inicial, con la magistrada progresista Laura Díez como ponente, suponía anticipar el fallo sobre los amparos solicitados por los líderes independentistas Carles Puigdemont y Oriol Junqueras frente a la decisión del TS de no amnistiarles ese delito por el 1-O.

Las fuentes consultadas avanzan que en este Pleno se aplicará toda esta doctrina, tal y como se espera que ocurra con los demás asuntos pendientes en relación con la amnistía hasta que el TC se adentre, finalmente, en los amparos.

El Constitucional reanudará las deliberaciones sobre esta ley después de que el Abogado General de la UE presentara el pasado 13 de noviembre sus conclusiones en los casos sobre las cuestiones prejudiciales formuladas al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.

El abogado, cuya posición no es vinculante pero sí muy influyente para el TJUE, apreció vulneraciones menores del derecho comunitario avalando también el núcleo duro de la ley. Así, descartó la "autoamnistía" y que la norma afectara a los intereses económicos y financieros de la UE y a la lucha antiterrorista.