La aún presidenta del PSOE en Móstoles, Noelia Posse, ha optado por la estrategia de negar su responsabilidad y derivarla a los técnicos para intentar evitar sentarse en el banquillo de los acusados por presuntamente haber troceado contratos de la reforma de varios colegios públicos mostoleños.

La defensa de la exalcaldesa socialista madrileña insiste en el recurso contra su procesamiento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en que ella "no decidió en ningún momento dividir el objeto del contrato, ni decidió que las obras se realizasen por contratos menores, no hay ninguna prueba o indicio que lo acredite".

Uno de estos indicios, es el que, al mismo tiempo, niega que sea realidad. Posse acusa al interventor municipal de haberse inventado la reunión en que este le advirtió de las irregularidades que planeaba llevar adelante en las reformas de los centros y la entonces edil de Medio Ambiente le contestó con un portazo.

La exregidora lo vincula con una "animadversión y enemistad pública y declarada" del funcionario hacia ella desde que le cesó en su cargo.

Por otro lado, expone en su recurso que no "tiene formación en materia de contratación pública" para intentar excluir su responsabilidad y la de la otra procesada, la jefa de mantenimiento del consistorio mostoleño, Ángeles Cortizas. "Por tanto, difícilmente pueden haber consciente y deliberadamente buscar un fraccionamiento de los contratos", sostiene en sus alegaciones.

Dado que únicamente firmó un documento de "propuestas de aprobación del gasto y de contrato menor" vinculadas a las obras de los colegios que le elevaron "los servicios técnicos", una vez "que los mismos han realizado toda la labor de invitación a las empresas, valoración y selección de la oferta más ventajosa".

Pero, en otro punto del recurso, la política, que tiene otros tres frentes judiciales abiertos, niega que haya un fraccionamiento de las adjudicaciones de las actuaciones porque "no es el mismo tipo de obra ni se realiza en el mismo colegio y hay diferencias sustanciales entre las distintas actuaciones".

El abogado de la ahora portavoz del PSM en el Ayuntamiento de Móstoles admite que los procedimientos de contratación "son manifiestamente mejorables", pero niega que pudiese haber incurrido en prevaricación administrativa dado que no eligió -como apunta el juez- "a las empresas que han concurrido para la realización de las obras".

Según Posse, fueron los "técnicos municipales adscritos a los que se encargó desde el inicio la gestión de estas obras" y no a ella como edil o a Cortizas. Ahora, tendrá que esperar a conocer si finalmente el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles la sienta en el banquillo o desestima el abrirle juicio oral.