Expertos ven «imposible» anular los juicios durante el franquismo

El foco está manifestado en la «imposibilidad de que un órgano legislativo anule sentencias de un sistema político de hace 40 años». Se trataría de una «intromisión».

El hecho de que el Gobierno pretenda decretar la nulidad por ley de los juicios y sentencias de los tribunales franquistas, debido a la condición de sus socios soberanistas a no apoyar la exhumación de Franco, conlleva a varios riesgos jurídicos según varios expertos constitucionalistas aseguran a LA RAZÓN. El foco está manifestado en la «imposibilidad de que un órgano legislativo anule sentencias de un sistema político de hace 40 años», ello sería una «intromisión», según apunta el profesor de Derecho Constitucional en la UCM Tomás Zamora. Además de esta inviabilidad del poder legislativo para acometer este tipo de juicios, el ex magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López indica que las consecuencias de esta promesa tienen más que unos efectos jurídicos un «carácter moral y simbólico de reparación». Coincide también con Zamora en que supondría «una grave intromisión del poder legislativo en las funciones atribuidas a los jueces y tribunales».

Sobre el hecho de anularse los juicios franquistas, Tomás Zamora esgrime que resulta imposible, aunque sí podría pensarse que «un tribunal con nuevas pruebas pueda admitir la defensión del caso y dictar una sentencia contradictoria a la anterior» pero sería «una excepción». El profesor de Derecho Constitucional del CES Cardenal Cisneros Ibor Fernández considera que el fin pretendido es que «la nulidad de las sentencias tenga consecuencias jurídicas directas reparadoras dirigidas a la recuperación patrimonial de los condenados o de sus familias». Por su parte, Enrique López reflexiona sobre la idoneidad de un decreto ley para declarar la nulidad de las sentencias dictadas por tribunales militares en la dictadura. Según su opinión, éste no sería el «instrumento más adecuado» para llevarlo a cabo puesto que «su antigüedad y los efectos que se persiguen no son compatibles con la extraordinaria y urgente necesidad que debe darse en la situación que justifica su uso». A su juicio, generalizar las sentencias «impide un estudio caso a caso para determinar la injusticia de cada sentencia». Ibon Fernández apunta a que estas anulaciones supondrían un «aluvión de procedimientos judiciales», con repercusión, posiblemente «al Estado o terceros».