La expresidenta de Adif confirma que Ábalos y Koldo le preguntaron por contratos de dos constructoras vinculadas a la trama

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha desvelado en el Tribunal Supremo que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su entonces asesor, Koldo García, se interesaron por contratos de esta empresa dependientes del Ministerio con mercantiles vinculadas a la trama. En concreto ha aludido a Construcciones Murias y Levantina; esta última identificada por Víctor de Aldama como una de las firmas que habría pagado mordidas para conseguir adjudicaciones de obra pública.

Fuentes presentes en la investigación confirman a LA RAZÓN que Pardo de Vera -que ya declaró como testigo en la causa principal de la Audiencia Nacional- ha explicado que se interesaron por los contratos de ambas firmas que tendrían adjudicaciones de Adif, ente que entonces presidía. "No están cobrando lo que deberían que cobrar", le espetaron. Así las cosas, la testigo también ha dicho que vio en muchas ocasiones por la sede del Ministerio a José Ruz, dueño de Levantina e identificado por Aldama en los papeles que aportó al Supremo relativos a presuntos amaños de obra pública.

Pardo de Vera, que en su comparecencia en la Audiencia Nacional negó irregularidad alguna, también ha dicho que el exministro y su asesor se interesaron también por el sistema de contratación en Ineco. Se trata de la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes que contrató al hermano de Koldo, Joseba García, y a Jessica, entonces pareja de Ábalos. Esta última estuvo en nómina entre marzo de 2019 y 2021, a pesar de, según dijo, no desempeñó ninguna función.

Enchufes en Ineco

Al respecto, las fuentes consultadas precisan que le preguntaron si podía contratar a Joseba como personal de refuerzo y a una tercera persona como auxiliar administrativo (cargo que ostentó la entonces pareja del ministro). Pardo de Vera les respondió que ella no podía mediar en esto porque se trata de contrataciones de oferta pública que siguen un cauce reglado y en el que no podía influir.

Del mismo modo, ha reiterado, como ya hiciera en septiembre en la Audiencia Nacional, que le preguntó a Ábalos por la presencia continua de Aldama en el Ministerio de Transportes y, en concreto, en la planta en la que tenía su despacho el entonces ministro. No obstante, ha confirmado que conocía a este empresario y, a preguntas de su defensa letrada, no ha descartado que le conociera. Cabe recordar que el magistrado Ismael Moreno le citó como testigo dado que Adif fue el segundo ente de la Administración en contratar con Soluciones de Gestión, empresa clave de la trama de mascarillas.

Esta empresa, detrás de la que se encuentra Juan Carlos Cueto, consiguió los contratos de pandemia y tuvo entrada en la Administración a través del Ministerio de Transportes; en concreto de Puertos del Estado y de Adif. Sobre ello Pardo de Vera dijo que el contacto de Soluciones de Gestión se lo facilitaron desde Puertos del Estado. Aunque en septiembre negó irregularidades, en esta segunda cita judicial ha especificado que sintió "incredulidad" ante el contrato a la empresa, toda vez que no tenía apenas trabajadores y que su volumen de negocio el ejercicio anterior, en 2019, era de cero euros.

El magistrado Leopoldo Puente citó para este miércoles a Pardo de Vera, además del exdirector general de carreteras, Javier Herrero, y el oficial mayor Alejandro de Alas-Pumariño. Durante su turno, Herrero ha declinado irregularidad alguna con su actuación en el Ministerio y ha hecho hincapié en que no recibió indicaciones de José Luis Ábalos. Precisamente esta parte del caso Koldo que se sigue en el Supremo se centra en la actuación de Ábalos no solo relativa a los contratos de mascarillas, sino a su labor como ministro de Transportes entre 2018 y 2021, año en que cesó.

Al respecto el testigo ha sido preguntado por las licitaciones que llevó Aldama ante el magistrado. El alto cargo ha confirmado que las adjudicaciones destapadas por Aldama pertenecen a la época en la que Ábalos fue ministro de Transportes; ahora bien, ha dicho que las mismas se efectuaron siguiendo los cauces reglados. El conseguidor del caso Koldo sostiene que la Dirección General de Carreteras, ente titulado por Herrero, adjudicó a Levantina, Ingeniería y Construcción SL tres contratos públicos durante la etapa de Ábalos, que ascendieron a un importe de 128 millones de euros (una de 80 millones, otra de 8 y una última de 20 millones).