Tenía que ser precisamente esta semana la de la pompa, la circunstancia y el regreso a una cierta institucionalidad cada vez menos presente en el día a día político español.

Los fastos conmemorativos de los cincuenta años de monarquía parlamentaria resultaron el postre de un menú con exceso de «platos fuertes». A las mordidas de Santos Cerdán les ha pasado como al pescado en las bodas. Queda opacado en cuanto entra en escena el solomillo: el fallo del Tribunal Supremo que condena al Fiscal General del Estado.

De modo que los actos de la mañana del viernes han quedado un tanto deslucidos. Entre unas cosas y otras, todo parece una partida gigantesca de Tabú, el juego en el que tienes que explicar cosas sin poder nombrar las palabras que mejor las definen. Vamos a intentar explicar por qué.

Durante estos meses atrás, ha resultado controvertido que se escoja la muerte del dictador, en 1975, como fecha del comienzo de las libertades políticas en España. Es cierto que, en rigor, la ley para la reforma política (1976), las primeras elecciones (1977) o la aprobación de la Constitución (1978) parecen efemérides más exactas.

Pero esto no supuso el menor problema en recordatorios anteriores. El veinte aniversario de 1995, por ejemplo. Al fin salió del cajón la serie de Victoria Prego y los diarios echaron el resto editando coleccionables. Pero eso era posible porque Juan Carlos I no se había convertido en la gran referencia prohibida de la partida. Su cancelación global impide dar a la Transición forma de cronología coherente de hitos, que ahora se nos presentan casi como islas sin conexiones entre sí.

Todo el diseño del llamado «Año Franco» venía ya marcado por una premisa. Se captó al vuelo nada más ser presentado, el diciembre pasado. Se trataba de lo de siempre: situar fuera de los márgenes democráticos cualquier alternativa al PSOE. O estos o Franco. Solo que ahora pudiendo añadir mucho logotipo oficial.

Lo evidente de la piedra no ha salvado al PP de tropezar con ella. Qué mal rato nos hizo pasar María José Catalá el otro día donde Alsina. Qué importa la democracia cuando se tienen buenas infraestructuras. Y esta era la bala en la recámara para la Comunidad Valenciana. Feijóo no consigue acabar con la sensación de que Génova tiene un problema de cantera.

Un apunte más. La campaña institucional desplegada por el Gobierno ha perdido una bonita ocasión de aprovechar el empeño. Su anuncio enumera los logros conseguidos tras la dictadura como una mera suma de libertades meramente individuales, puramente identitarias, de las idiosincrasias de cada uno. Ni una mención a un proyecto común o a elementos que evoquen unidad. Sería un error si no se estuviera buscando precisamente eso.

De todo esto podremos llevarnos, al menos, las «performances». El otro día, la acróbata Irene Aircrag desplegó sus volatines en el hemiciclo del Congreso. Como si los aspavientos de cada sesión de control no fueran suficientes. Si no hubiera sido por el llamado «Año Franco», Jimena Amarillo nunca hubiera entrado en nuestras vidas.

El calendario ni siquiera ha permitido que la cosa pasara desapercibida. El saludo de Javier Solana (genio y figura) a la reina Sofía nos mostró en televisión un vestigio de esa otra España mejor –sí–. Los discursos han capeado como han podido lo excéntrico de la propuesta: conmemorar cincuenta años de la monarquía con el monarca que fue entonces coronado vivo, pero ausente.

Quizá hubiera un cierto exceso de almíbar cuando se glosaban los logros de la Transición durante los años ochenta y noventa. Pero, por enconado que estuviera el debate político en ese momento –el 1995 de los veinte años vuelve a ser aquí un ejemplo pertinente–, la conmemoración de estas fechas clave suponía un espacio de unidad.

La petición de Juan José Laborda demostró que, en el 20–N de los 50 años y el día después de la condena del Fiscal, el panorama no puede ser más distinto.

Dicen los cronistas acostumbrados a seguir al Gobierno que por allí se ha recibido con «indignación» el fallo del Supremo. Esta idea se queda un poco corta a poco que se observe la reacción de las terminales más boquirrotas del Oficialismo. «Ira» parecería más adecuado. Se ha hecho la ligazón entre la decisión judicial y la fecha en la que se ha dado a conocer a la opinión pública. Franco nunca murió porque pervive en las instituciones fundamentales del Estado.

El franquismo. Ya saben: ese régimen dictatorial en el que el Poder Judicial podía condenar a un Fiscal General del Estado elegido por el Gobierno.