Feijóo pacta con sus barones una cartera común de política social

Esta semana PSOE y Junts empezarán a marcar el perímetro de la negociación de los Presupuestos. Es un momento decisivo porque el calendario aprieta y los de Junts ya han saltado a la pantalla de buscar el pacto fiscal que saque a Cataluña del régimen común que rige en todas las comunidades menos en el País Vasco y Navarra. A la desigualdad jurídica, con la que el PP vincula la amnistía, se unirá el debate sobre la desigualdad –en financiación autonómica, en recursos, inversiones y en derechos sociales– sobre la que los independentistas construirán la base de sus exigencias para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, sean del 24, o se vayan ya al 25 por echarse el tiempo encima.

El Gobierno dispone de poco más de un mes para cerrar las negociaciones y, además, la aritmética parlamentaria también juega en su contra porque el PP dilatará el proceso en el Senado donde tiene mayoría absoluta. Así, mientras que en clave política los portavoces oficiales del Gobierno han insistido mucho en estos últimos días en vender un acuerdo «inminente», la realidad es que en el nivel más técnico de Hacienda saben que el «oso» está aún por cazar, y que si a la vuelta de Semana Santa no logran un acuerdo con los partidos que apoyaron la investidura tendrán que renunciar a las cuentas de 2024 y enfocarse en las del 2025, cuya tramitación debería comenzar antes del verano.

Después de la erosión de la amnistía, la única forma que tiene Moncloa de aguantar el desgaste de este nuevo proceso de negociación con los independentistas, y no hay que olvidar tampoco el problema que les representa Podemos, es intentando dividir la unidad de acción territorial del PP con propuestas tentadoras para alguna de sus comunidades, Andalucía o Valencia, por ejemplo, mientras que no dan ni agua a Madrid y a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Y de esto ha ido la cumbre territorial que los populares han celebrado este fin de semana en Córdoba, y que ha estado guiada por un debate mucho más de fondo que el «mainstream» de que Alberto Núñez Feijóo tiene detrás a sus barones para desgastar al Gobierno de Sánchez. Lo que ocupa y en lo que trabajan internamente es en conseguir que esa unidad de acción afecte a todos los ámbitos, político, económico, fiscal y hasta en la estrategia mediática. No supone un veto para que los presidentes autonómicos del PP defiendan los intereses de sus ciudadanos en la negociación con el Gobierno central, muy escasa, por otra parte. Pero sí exige que de esas negociaciones se informe a la dirección nacional para que puedan anticiparse en la definición de la respuesta.

Ya ha empezado a calentar la batalla que desencadenará la negociación presupuestaria por parte de los independentistas para diferenciarse del conjunto, en un marco en el que el Gobierno tiene que reducir el déficit en unos 11.000 millones y pensiones, funcionarios, intereses de la deuda, aumento de las partidas de vivienda y juventud y transferencias a comunidades y ayuntamientos ya comprometen casi tres cuartas partes de los recursos previstos para este año. Y Génova, por su parte, ha empezado ya a engrasar con sus dirigentes autonómicos un proyecto de políticas comunes a nivel territorial que sea la alternativa a las concesiones futuras del PSOE a los independentistas, sobre todo en «temas del bolsillo», que llegan más fácilmente a la ciudadanía que la amnistía.

Por eso la Declaración de Córdoba incluye un paquete de acuerdos de las comunidades populares para avanzar hacia lo que llaman una España más cohesionada, y que incluye medidas como la aplicación en esta legislatura de la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años, currículos comunes, una EBAU 2025 que se celebre con criterios homogéneos, un marco común de vacunas o de pruebas de prevención del cáncer, un plan de juventud común o políticas de unidad de mercado que faciliten la «labor emprendedora». Todo forma parte, en líneas generales, del programa electoral de las generales del PP, pero esta declaración sirve al partido para potenciar el alcance de su mensaje de compromiso con la igualdad de todos los españoles, o al menos ésta es su intención.

No es un cuestión menor que la competencia entre ERC y Junts complica todavía más el camino al acuerdo presupuestario para Sánchez. A Carles Puigdemont no le valen las inversiones o las transferencias porque al no estar en el Gobierno de la Generalitat no podrá rentabilizarlas electoralmente, y su única marca para diferenciarse es forzar en la exigencia de ese pacto fiscal que le saque del régimen común.

Feijóo completó el movimiento político de este fin de semana en Córdoba con un discurso que abunda en la idea de que el presidente del Gobierno «humilla a España con la amnistía y la corrupción» y que el Gobierno de coalición caerá «por la mentira y la corrupción». «Tenemos un presidente que abdica, pero no se va, y un país sometido al empeño de Sánchez de mantenerse en el poder a cambio de entregar cualquier indignidad a sus socios».