La Fiscalía se opone a registrar Ferraz por los pagos en metálico: "No consta con el respaldo policial"

La Fiscalía Provincial de Madrid se opuso el pasado 4 de noviembre a registrar la sede del PSOE por las entregas en metálico a Koldo García y a José Luis Ábalos. El Ministerio Público respondió a una denuncia de Vox que no había indicios consistentes para acordar esta medida tan gravosa siendo, además, que no contaba tampoco por el respaldo policial. La solicitud se enmarca en una denuncia que interpuso la formación en los juzgados de Plaza Castilla y que ha propiciado la apertura de diligencia y su posterior remisión a la Audiencia Nacional, por ser el órgano que investiga los hechos.

En su denuncia, el partido que lidera Santiago Abascal expuso que era necesario acordar medidas cautelares "para asegurar de forma conveniente la conservación de documentos". Tras el debido reparto, recayó en el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid que lo derivó al 51 por estar en funciones de guardia. Este último juzgado, antes de resolver sobre la petición de las cautelares, dio traslado a la Fiscalía, que se negó en rotundo, recordando, además, que ya existen unas diligencias en la Audiencia Nacional abiertas por este asunto.

"No cabe a día de hoy inferir de forma cabal, racional y razonable que en el interior de la sede del partido político denunciado, transcurrido un número importante de años, puedan hallarse vestigios de esas entregas en metálico a las que el escrito de solicitud de medidas se refiere, que tampoco particulariza sobre personas ni cantidades ni formas precisas", responde el fiscal según se desprende de la documental a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Al hilo, recuerda que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental reconocido en el artículo 18.2 de la Constitución. Si bien es cierto que no está reconocido de manera absoluta, el mismo se tienen que acordar cuando concurran las condiciones.

"No se justifica"

Al respecto indica que entiende que no concurren los requisitos "para restringir un derecho del calado y la magnitud" del solicitado. "Y ello porque no cabe obviar que la información generalista contenida en la denuncia y escrito de solicitud de medidas, en poco contribuye a colmar los requisitos de proporcionalidad de la medida, o la necesaria multiplicidad de indicios objetivos u objetivadles conducentes a atribuir algún delito a persona concreta y hechos igualmente preciso", precisa.

Además, del registro de Ferraz en busca de indicios sobre el pago de metálico, Vox solicitó la entrada en el domicilio de Mariano Moreno Pavón y de Ana María Fuentes, exgerente y actual responsable del cargo. El objetivo con esta medida de aseguramiento, según expuso, era obtener copia de los documentos que conserven físicamente o de forma digital en sus ordenadores personales.

"A tener igualmente en consideración el hecho de que no consta en las actuaciones el sólido y necesario respaldo policial que las medidas solicitadas demandan, materializado en un atestado completo y detallado que justifique la adopción de medidas cautelares reales de tan hondo calado constitucional", incide la Fiscalía para oponerse a las medidas de aseguramiento solicitadas por Vox.

Remisión a la Audiencia Nacional

Por ese motivo informó en contra de la solicitud de Vox reiterando, además, que "parece cabal" que la investigación por los pagos en metálico de la formación socialista se unifique en la Audiencia Nacional. El asunto está en manos del magistrado del caso Koldo; Ismael Moreno, que comenzó instruyendo esta presunta trama de corrupción. Moreno lo recibió de manos del Tribunal Supremo que, tras practicar una serie de diligencias, entendió que había indicios de irregularidad con la liquidación de gastos del partido y lo remitió a este órgano por ser el competente.

En ese sentido, la denuncia interpuesta en Plaza Castilla ha tenido el mismo recorrido. Tras recabar el informe de la Fiscalía, la titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel decidió no practicar la medida cautelar interesada aunque sí abrió diligencias al apreciar indicios de "la posible existencia de una infracción penal". Tras ello, devolvió la denuncia al juzgado de origen el cual remitió las diligencias incoadas al caso Koldo.