La 'fontanera' del PSOE buscó datos de jueces y fiscales de Badajoz por el caso del "hermanísimo"

La operación que coordinó Leire Díez para reducir a la Guardia Civil en los casos que afectan a Moncloa llegó también a Badajoz. La 'fontanera del PSOE' contactó con al menos una decena de empresarios tras el estallido en los tribunales del caso del hermano de Pedro Sánchez para conseguir información privilegiada de jueces y fiscales que pudieran acabar teniendo algún tipo de vínculo con este procedimiento.

Según detallan fuentes de toda solvencia a LA RAZÓN, para conseguir la información que buscaba, tanteó a empresarios salpicados en causas de corrupción. Al igual que ocurrió con Alejandro Hamlyn (a quien le requirió irregularidades de la UCO), se acercó a estos investigados para ofrecerles ayuda en su cruzada contra la Guardia Civil. Se trata en su mayoría de personas investigadas en causas de corrupción que comparten un denominador común: una guerra abierta contra la unidad de élite del Instituto Armado por presuntas prácticas irregulares en las causas en las que están investigados.

Las mismas fuentes explican que se produjeron encuentros en diferentes puntos de España y que en ellos participaron al menos media decena de empresarios con frentes judiciales abiertos. La militante socialista, a la que el partido terminó abriendo un expediente este miércoles, llegó a sus objetivos a través de Alejandro Hamlyn; el empresario dueño del Grupo Hafesa con el que se reunió por videoconferencia para intentar sacarle trapos sucios del teniente coronel de la UCO, Alejandro Balas.

"Con la familia no se juega"

En su reunión con este empresario (dueño del Grupo Hafesa) buscaba aglutinar irregularidades de los uniformados para desacreditarles y que se les acabara apartando de las investigaciones que lidera contra el entorno más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, se interesó por el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. "Si se demuestra eso (en referencia a Balas), todo lo demás viene dado. Aquí el orden de los factores es fundamental", llegó a decirle a Hamlyn en el encuentro que, según Víctor de Aldama fue un "cebo" en el que cayeron.

En este caso se tanteó a empresarios con causas judiciales pendientes, entre las que se encuentran la del fraude de hidrocarburos por la que se tendría que haber sentado Hamlyn en el banquillo el pasado lunes. El objetivo, en lo que respecta a esta 'misión', era obtener "trapos sucios" o "hechos corruptos" de fiscales y jueces de Badajoz. La operación se activó tras el estallido del caso del hermano de Pedro Sánchez; que arrancó en los juzgados de Badajoz tras la denuncia que interpuso hace un año Manos Limpias.

En dicho encuentros apeló a la problemática que suponía que investigaran al hermano de Sánchez o a su mujer, Begoña Gómez. "Con la familia no se juega", llegó a decir, según las fuentes consultadas. El procedimiento, que ha dado un giro de 180 grados tras el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, se ha instruido bajo la batuta de Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. La Fiscalía ha terminado por pedir el archivo de estas diligencias que han girado en torno a la creación de la plaza en la Diputación de coordinador de conservatorios pacenses.

La causa contra David Sánchez

Biedma, que ha dirigido el procedimiento de la mano de la UCO, ha terminado procesando y abriendo juicio oral contra el hermano del presidente del Gobierno y otra decena de personas ante los "suficientes indicios" que apuntan que la plaza se habría creado expresamente para él. David Sánchez, por su parte, niega la mayor y está pendiente de que la Audiencia Provincial de Badajoz resuelva los recursos interpuestos contra el auto del procesamiento.

La causa ha dado un giro de 180 grados en los últimos días ya que, tras dictar el auto de procesamiento, Miguel Ángel Gallardo, hasta entonces presidente de la Diputación de Badajoz, activó los mecanismos para amarrar su aforamiento. El político socialista consiguió su credencial como diputado de la Asamblea de Extremadura apenas 24 horas antes de que la juez les abriera juicio oral. A falta de que jure su cargo en las próximas horas, este movimiento propició un cambio de rumbo de la causa y su previsible envío al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por ser el competente para juzgar estos hechos.

En ese sentido, las fuentes consultadas explican que esta fontanera que actuaría en nombre del partido, no solo se interesó por nombres de jueces de instrucción, sino también por magistrados del TSJ extremeño, avanzándose de esta forma a un posible cambio de rumbo del procedimiento en caso de que algunos de los políticos imputados acabaran aforándose. Cabe recordar que esta causa no solo ha estado en manos de Biedma; también ha pasado por la Audiencia Provincial de Badajoz, que ha resuelto los recursos de apelación de los implicados y que sería la competente para juzgar los hechos en caso de que no hubiera aforados.

Operación: hundir a la UCO

Así pues, esta actuación se sumaría a la que impulsó con otros imputados en aras a conseguir trapos sucios de la UCO. El audio relativo a la reunión mantenida con Hamlyn demuestra que se iba a activar un operativo (en el que también participaron personas cercanas al PSOE) bajo el pretexto de actuar contra supuestas ovejas negras en la UCO que buscarían perjudicar a Sánchez.

Es más, en dicho encuentro habló de la "camorra de la Guardia Civil" y apeló a una supuesta "extorsión" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Yo no tengo ninguna gana de que Balas se convierta en verdugos de todos. Desmontando esto se desmontan otras cosas", dijo Díez, quien también llegó a apelar al sufrimiento de terceros, sin mencionarlo. "No podemos estar en permanente dolor tanta gente", apostilló. A cambio de la supuesta información privilegiada que podría tener Balas, ésta le ofreció un pacto con la Fiscalía, que le acusa con penas de prisión por un fraude superior a los 154 millones de euros con la trama de los hidrocarburos.

Del mismo modo, también tanteó a otros imputados de tramas que afectan a Moncloa y a Ferraz; en concreto, al comandante de la Guardia Civil salpicado por el caso Koldo, Rubén Villalba. Como avanzó el diario El Mundo y ha podido saber este medio, Díez se reunió en dos ocasiones con Villalba (investigado por cobrar presuntamente en "B" de la red) para conseguir trapos sucios de Balas y de la UCO, unidad que Villalba conocía bien por motivo de su cargo.

Con todo, el objetivo de los emisarios de los que el PSOE reniega era reducir también a otros mandos del Instituto Armado y de fiscales incómodos, como es el caso del fiscal Anticorrupción José Grinda. De hecho, a este último (que ha llevado causas como el 3%, la trama PDVSA y otras que afectan a personas implicadas en este operativo) le habrían extorsionado para apartarle de todas estas causas. El fiscal, por su parte, lo puso en conocimiento de su jefe, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, según ha podido confirmar este medio.