Leire Díez Castro suma una nueva querella en su contra. Esta vez, por las reuniones que, como publica Libertad Digital, mantuvo con el juez expulsado de la carrera Luis Sáenz de Tejada para tratar de desacreditar a la instructora del "caso David Sánchez".

Hazte Oír ha interpuesto este viernes la acción penal en los juzgados de Badajoz por las gestiones que la fontanera del PSOE realizó, concretamente, para que este exmiembro de la judicatura le hiciese llegar una serie de documentos que iba utilizar para denunciar a la jueza Beatriz Biedma.

La asociación defiende que de los audios del citado medio digital se desprende que "existen elementos indiciarios de un plan premeditado dirigido a perjudicar el desarrollo del caso contra David Sánchez a través de ataques" contra la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

La entidad, que ejerce la acusación popular en este procedimiento contra el hermano del presidente del Gobierno, les acusa de los delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias.

La querella se basa en varios audios filtrados en los que Díez presuntamente ofrece a otras personas acuerdos favorables con la Fiscalía a cambio de información comprometedora sobre investigadores y jueces vinculados a casos que afectan al Gobierno.

En uno de los audios, difundido por "El Confidencial", la exmilitante del PSOE y ex alto cargo de Correos asegura a un empresario investigado que podría conseguirle "un acuerdo muy favorable" con la Fiscalía si aportaba información contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO.

Además, los querellantes sostienen que existía un plan preconcebido entre Díez y Sáenz de Tejada y, en el marco de este, remitió documentación sensible a Díez sobre varios magistrados y él trató de personarse fraudulentamente en el procedimiento que instruye Biedma con el único fin de lograr su recusación, maniobra que fue rechazada por la Audiencia Provincial.

La querella destaca que Díez alardeaba de su capacidad para influir en la Fiscalía, asegurando que podría lograr que fiscales se desplazaran hasta Dubái para reunirse con investigados dispuestos a "colaborar" aportando información contra operadores jurídicos.

Hazte Oír solicita que se investiguen los correos y comunicaciones entre ambos querellados desde septiembre de 2024, así como que se recaben las actuaciones del tribuna que llevó el procedimiento del "hermanísimo" sobre el intento de fraude procesal denunciado.

La asociación considera que los hechos podrían constituir delitos de revelación de secretos, estafa procesal en grado de tentativa, cohecho y tráfico de influencias, por lo que pide que se admita la querella y se acuerden medidas cautelares sobre los investigados.

Según recoge Servimedia, Sáenz de Tejada fue condenado en 2017 a 33 meses de prisión por violencia psicológica habitual contra su ex esposa, lo que motivó su expulsión de la carrera judicial, confirmada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2022.

Desde entonces, el ex magistrado ha mantenido una intensa actividad en redes sociales criticando a jueces y fiscales a través de su canal de YouTube "Magistrado Anticorrupción TV", donde publica vídeos contra diversos profesionales de la Justicia.

Díez Castro reconoció la autenticidad de los audios filtrados, aunque alegó que estaba realizando un "reportaje de investigación" y negó cualquier vinculación con el PSOE, versión que los querellantes consideran "difícilmente creíble" dado el contenido de las conversaciones.

La querella subraya que la ex directiva de Correos no tiene capacidad legal para intervenir en procedimientos judiciales al no ser letrada ni fiscal, por lo que su actuación solo puede entenderse como "comisionista" o como mandataria oficiosa del Gobierno.

Los querellantes solicitan que se practiquen diversas diligencias de investigación, incluyendo el interrogatorio de los investigados y el análisis de sus comunicaciones entre septiembre de 2024 y junio de 2025, para determinar el alcance de la supuesta trama.

La asociación pide constituirse como acusación popular en la causa, ofreciéndose a prestar la fianza que determine el juzgado para ejercer dicha acción procesal contra los querellados.