El Ministerio de Juventud e Infancia reunirá a las comunidades autónomas mañana, lunes, para debatir y aprobar los términos en los que se llevará a cabo la reubicación de menores migrantes no acompañados desde zonas tensionadas como Canarias y Ceuta hacia otras regiones.

El objetivo de esta Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada de forma extraordinaria y que tendrá lugar en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a partir de las 16.00 horas, es sacar adelante un acuerdo en diferentes puntos, alineados con el real decreto ley aprobado por el Gobierno, que fue convalidado por el Congreso el pasado 10 de abril.

Según la propuesta que lleva el Ministerio a esta reunión, a la que ha tenido acceso EFE, se tratarán las cuestiones claves del mecanismo creado por el Gobierno, que supondrá el traslado de unos 4.400 chicos, la mayor parte de ellos desde Canarias, durante el primer año y a partir del verano.

El real decreto ley da poder a la Conferencia Sectorial para cambiar varios aspectos del decreto si así lo aprueba por unanimidad, algo poco probable, ya que existen grandes diferencias entre regiones sobre esta cuestión, sobre todo de las gobernadas por el PP, algunas de las cuales han recurrido el decreto del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional.

La reunión se prevé tensa, toda vez que Aragón recurrió el pasado viernes la propia convocatoria de la Sectorial al considerar que deriva del real decreto ley para la reubicación de los menores, y la Comunidad de Madrid pidió por carta a la ministra que la cancelase, al considerarla "ilegal".

El mismo texto especifica que, en el caso de no haber acuerdo unánime en otro sentido, el Gobierno seguirá adelante con el mecanismo de redistribución en los términos que establece el decreto.

Deber de acogida según la población

Uno de los aspectos clave de este modelo es que, por primera vez, fija cuántos menores debe acoger cada comunidad, con una fórmula en función del número total de jóvenes que hay acogidos en el país y la población de cada región, lo que el texto denomina "capacidad ordinaria" de cada territorio.

Este primer paso ya ha provocado algunos problemas, ya que Aragón no ha facilitado los datos de cuántos jóvenes extranjeros no acompañados acoge y ha recurrido ante la Justicia este requerimiento y otras, como Madrid, no ha aportado exactamente lo que se les pedía, por lo que el Ejecutivo trabaja con datos propios.

Contingencia migratoria con el triple de ocupación y criterios de reparto

La propuesta que se debatirá el lunes establece que cualquier comunidad podrá pedir al Gobierno que declare la situación de contingencia migratoria en su región cuando su ocupación exceda tres veces su capacidad ordinaria.

Declarada esta situación, cualquier menor extranjero no acompañado localizado en este territorio será inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, que gestiona el Ministerio del Interior.

Y, a partir de entonces e independientemente de que haya certeza sobre su minoría de edad o no, se trasladará al joven a otra región en 15 días, según los criterios establecidos, después de que tanto el joven como la comunidad de destino hayan sido escuchadas y se haya dado traslado al Ministerio Fiscal.

Los criterios propuestos por el Gobierno -y que serán los que se apliquen si las comunidades no aprueban otra cosa por unanimidad en la sectorial- son los siguientes: población (50 %), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo de acogida (6 %), dimensionamiento estructural del sistema (10 %), dispersión de la población (2 %) y las singularidades de ciudad fronteriza (2 %) e insularidad (2 %).

Prórroga del sistema por un año

La propuesta del Gobierno incluye un último punto, que determina que la capacidad ordinaria de los sistema de protección solo podrá prorrogarse durante un año, mediante real decreto y previo informe de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Después, se requerirá el acuerdo unánime de la Sectorial o, en su defecto, una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, previa propuesta del Gobierno.

Y deja claro un último aspecto: a partir del primer año de prórroga, sin acuerdo unánime de la Sectorial sobre la capacidad ordinaria de los sistemas de protección, la resoluciones del Estado derivadas de la ley sobre la reubicación de menores no serán de obligado cumplimiento para las comunidades.