
Doble rasero
El Gobierno ningunea al PP mientras alienta la persecución de EH Bildu contra policías y guardias civiles
Los populares piden amparo a Armengol ante "la manifiesta voluntad del Gobierno de eludir su obligación" y responder a sus preguntas

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no se anda con ambages cuando se trata de contentar a sus socios de Gobierno. Poco importa que en ese proceso salgan damnificadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como demuestra la "cacería" que la formación de Arnaldo Otegi mantiene contra policías nacionales y guardias civiles. "Cacería" de la que es partícipe el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no duda en responder a todas y cada una de las cuestiones que los abertzales le plantean en el sede parlamentaria.
Sin embargo, esa actitud displicente no se aplica al resto del arco parlamentario. Tanto es así que el Partido Popular ha solicitado "amparo" a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ante "la manifiesta voluntad del Gobierno de eludir su obligación" y responder a sus preguntas. Y es que las últimas respuestas del Ejecutivo sobre el número de pistolas táser que tienen los agentes, cuántas veces las han utilizado y por qué... ha sido la gota que ha colmado el vaso para los diputados del PP.
Porque, más allá del interés que EH Bildu pueda tener en conocer esa información, lo que provoca indignación en el PP es el uso arbitrario de la normativa que rige el Congreso de los Diputados. Mientras los abertzales reciben datos concretos, las respuestas escritas al PP solo conducen a intervenciones o comparecencias de los afectados en el Senado o el Congreso. De ahí que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo denuncie que, pese a ser una "respuesta habitual" por parte de Grande-Marlaska, es "inadmisible que el Gobierno evada su obligación constitucional de dar respuesta a las preguntas formuladas a través de los cauces reglamentariamente establecidos, con el argumento de que ya han sido respondidas a través de otros mecanismos de control parlamentario".
Por este motivo, solicitan a Armengol que en el uso de las facultades que le confiere el artículo 32 del Reglamento de la Cámara, "se dirija al Gobierno reiterándole su obligación de responder con precisión a las preguntas formuladas sobre las que se desea respuesta por escrito". Asimismo, revelan que ante la falta de respuesta "en tiempo y forma" a las preguntas planteadas, se incluyan en el orden del día de la siguiente sesión de Comisión de Interior, para que puedan ser contestadas oralmente.
Las siete preguntas de la polémica
Llegados a este punto, cabe preguntarse cuáles son las preguntas que tanto interés despiertan en el PP y que no han recibido respuesta, pese a haber sido planteadas en febrero. Si bien no son las únicas si son las más controvertidas por su implicación con la tragedia de la DANA y la intervención del ministerio que dirige Grande-Marlaska. En concreto, son siete las cuestiones que generan controversia:
- ¿Cuáles son los motivos por los que un equipo de los GREIM de la Guardia Civil de El Barco de Ávila que iba camino de Torrejón para su traslado a Valencia como consecuencia de la DANA, fue replegado a Navacerrada y luego a su base?, ¿Quién consideró que todavía no debía actuar en los primeros días en Valencia, siendo fundamentales en el rescate de personas?, ¿Quién dio la orden?
- ¿Cuáles son los motivos por los que un equipo de los GREIM de la Guardia Civil de El Barco de Ávila que iba camino de Valencia el día 30 de octubre fueron replegados y no fueron enviados finalmente hasta el 4 de noviembre?
- ¿Qué día la delegada del Gobierno en Valencia solicitó los equipos de rescate GREIM de la Guardia Civil a otras Comandancias del resto del territorio para ayudar en Valencia?
- ¿Por qué el Ministerio del Interior no decidió desde el minuto de la tragedia, el día 29 de octubre reforzar el despliegue de la Guardia Civil?
En su escrito de amparo, el PP insiste en que "la negativa a dar respuesta a estas y a las demás preguntas formuladas, lesiona las facultades que ostentan los Diputados para ejercer la función de control del Gobierno y supone una grave falta de respeto institucional", no sólo frente a quienes las formulan, sino hacia las Cortes Generales en su conjunto.
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